Los cambios de administración, sobre todo a nivel municipal, generan un repunte en demandas ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), informó Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa presiente del Tribunal.
La presidente del TECA indicó que en promedio, el tribunal recibe entre 100 y 120 demandas laborales cada mes, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como de los 58 ayuntamientos del Estado.
Mencionó que mientras en los ayuntamientos la causa principal son los despidos injustificados, en los tres poderes el principal argumento es referente al salario, “versan respecto a trámites de regularización salarial, de incrementos salariales o de prestaciones extralegales que los trabajadores de base solicitan se les homologue con sus compañeros”.
Además precisó que los cambios de administración municipal generalmente traen consigo un aumento en la cantidad de demandas que recibe el TECA en los meses de noviembre, diciembre y enero, ya que con el cambio de administración también se remueve a personal que considera injustificado su despido, aunque dijo no tener la cifra exacto respecto a cuánto incrementan las denuncias.
En cuanto al tiempo de resolución de los asuntos, indicó que el tiempo promedio puede ser menor a un año y medio, sin embargo los recursos legales que presentan las partes en conflicto suelen alargar el trámite por años, “se promueven una serie de incidentes, se promueve una serie de competencias, amparos, recursos que eso mismo va haciendo que se genere el exceso de tiempo en los trámites”.
Mencionó que si hay voluntad de las partes, los conflictos laborales se pueden resolver incluso en tres meses a través de la conciliación, sin embargo reconoció que en el caso del sector público es un tanto complicado acelerar los acuerdos, dado que al tratarse de recurso público “no tienen esa facilidad como el sector privado que al patrón no le conviene perder tanto tiempo porque le cuesta dinero, aquí el dinero es público, hay que presupuestarlo, justificarlo para poder realizar un convenio y venga como resultado una conciliación en los juicios”.
Finalmente, Cervantes Gamboa señaló que si bien la reforma puso un tope de un año a los salarios caídos, esto no evita que los trabajadores presenten denuncias cuando sienten que sus derechos son violentados, “ninguna ley puede evitar que demanden, es un derecho que el trabajador tiene y nadie le puede impedir que haga ese tipo de acciones”.
