Cualquier persona acusada formalmente de cometer violencia en cualquiera de sus modalidades contra una mujer, no podrá ser candidato a un puesto de elección popular en las elecciones del 2024, una vez que el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional para integrar el modelo “Tres de Tres contra la violencia”.
El objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, informó la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado.
En los requisitos para ser Diputado, Gobernador, Magistrado, o miembro de ayuntamiento, respectivamente, se establece el no estar en alguno de los siguientes supuestos: tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género; tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.
Con ello, se busca estar en concordancia con las disposiciones federales, y establecer acciones contra la violencia a las mujeres en México, que es uno de los más graves problemas sociales que ha incrementado su incidencia, así como la brutalidad con la que se comete.
En la exposición de motivos de este dictamen, se señala que, esta violencia contra las mujeres, lamentablemente, en algunas ocasiones ha sido cometida por funcionarios públicos, representantes populares y políticos, quienes deberían ser los primeros comprometidos con el cese y erradicación de estas inaceptables conductas, actos que contribuyen a generar una percepción de permisividad hacia esa violencia, que deteriora de forma sensible la confianza que se les brinda a quienes tienen la obligación de llevar a cabo acciones contra la violencia de género.
Por ello, la importancia de estas modificaciones constitucionales, para avanzar en acciones que permitan la erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado, así como el cumplimiento de las obligaciones de alimentos para los menores de edad.
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