Un programa de austeridad, aunado a una cuidadosa gestión de recursos, fueron algunas de las acciones que se implementaron en San Luis Potosí con la finalidad de atender la contingencia sanitaria, a la par de proteger el ingreso de las familias y conservar el empleo. Este lunes, la administración estatal -a través de la Secretaría de Finanzas- realizó la entrega de la Cuenta Pública 2020 al Congreso del Estado.
Derivado de la expectativa de apoyos extraordinarios por parte de la federación -mismos que no se concretaron al cierre del ejercicio-, tuvo que recurrirse al financiamiento mediante dos créditos a corto plazo, que en suma importan mil 300 millones de pesos, “con el fin de enfrentar parte del gasto extraordinario generado por la contingencia sanitaria, así como para cubrir adeudos del sector educativo”.
Los ingresos de libre disposición proyectados para el ejercicio 2020 fueron afectados de manera importante por la contracción de menos 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto en el país, además de factores externos, como el cambio en las reglas de operación del Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar.
En materia de ingresos propios se registró una reducción de 18.4 por ciento, con respecto a los ingresos proyectados en Ley, lo que representa 926.9 millones de pesos menos.
Las políticas de austeridad y gestión de recursos, se informó desde la citada dependencia, estuvieron orientadas a dos propósitos fundamentales: atender eficaz y oportunamente las necesidades sanitarias, en aras de reducir el número de contagios y decesos en la población; así como proteger en la medida de lo posible los ingresos de las familias potosinas y los empleos en el sector formal e informal.
Para compensar estas reducciones, recordaron, entre otras estrategias se solicitó la autorización al Congreso del Estado poder reestructurar los tres principales créditos de deuda pública -petición que hasta hoy no ha prosperado-, con esta medida se descartaría la posibilidad de solicitar la autorización de un nuevo endeudamiento.
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Ello obligó a realizar una reestructura que no implicó la aprobación del Congreso, en la cual se difirió el pago durante 4 meses del 95% de los intereses devengados de los dos principales créditos de deuda.
Destacaron que el gasto del sector salud para la atención de la emergencia sanitaria se incrementó en 499 millones de pesos; y se aplicaron 420 millones en estrategias para la reactivación de la economía y mayor asignación de recursos para atender a las familias más desprotegidas en la entidad.
Asimismo fueron destinados 274 millones de pesos adicionales a lo otorgado en el ejercicio 2019, para la operación del Hospital Central ante la disminución de recursos de gastos catastróficos pagados por el INSABI y la obligatoriedad de la gratuidad en la prestación de las atenciones médicas que se establecieron en la Ley General de Salud.
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