Hoy fue presentada ante el Congreso local la solicitud de restructuración de la deuda estatal, con la que se busca la autorización para que el pasivo bancario sea modificado en sus plazos de pago.
Lo anterior permitirá aplazar el pago de la deuda pública bancaria en un nuevo plazo, hasta por 18 años, sin deterioro de la calificación crediticia, “este año se espera un 9.3 de caída en el PIB, lo que obliga a realizar acciones inmediatas para mejorar las finanzas en San Luis Potosí”.
Así lo dio a conocer, en rueda de prensa virtual, el titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, quien argumentó que, “aunque esta administración estableció una política de no adeudamiento, la pandemia nos ha obligado a modificarla”.
El funcionario estatal explicó que se busca mejorar las finanzas de la entidad, evitar consecuencias negativas, ahorrar recursos para destinarlos al gasto de salud, así como facilitar la reactivación de las actividades económicas.
El nuevo plazo, advirtió, busca las mejores condiciones del mercado en tasas de interés, para permitir la disminución del pago de la deuda para la actual administración estatal actual y la siguiente, sin incrementar el saldo.
El objetivo central es liberar recursos para atender la crisis sanitaria, “liberar flujo de efectivo que permita atender el gasto generado por la contingencia para evitar la propagación del Covid-19, así como la atención de los casos que se presenten”.
El proceso formal inició este lunes, al haber entregado la petición a Oficialía de Partes del Congreso del Estado, poder que lo turnará para que se le dé entrada en la próxima sesión plenaria.
Una vez recibida, sería enviada la comisión legislativa de Hacienda del Estado, para su análisis y elaboración del dictamen, que sería presentado en una futura plenaria.
El titular de la Secretaría de Fianzas calculó que, para el resto del año, podría resentirse una disminución de al menos nueve por ciento en el flujo de las participaciones federales.
La reestructura de la deuda bancaria, puntualizó Pedroza Gaitán, está sustentada en la inminente caída de ingresos propios y federales, motivada por la reducción de actividades, impuesta por el Coronavirus y Covid-19.
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