/ sábado 16 de noviembre de 2024

En SLP solo 77% de las denuncias se convierten en carpetas de investigación

Siete de cada 10 carpetas de investigación abiertas en 2023 se encuentran en trámite en la Fiscalía General del Estado y sólo tres fueron resueltas

La Red Justicia de San Luis Potosí que conforman diversas organizaciones sociales de San Luis Potosí, participó en un ejercicio de trabajo con la organización no gubernamental de México Evalúa que presentó su más reciente reporte de Hallazgos desde lo local 2023: Evaluación de la Justicia Penal en San Luis Potosí, en donde se destacó que el 92.8 por ciento de los delitos que ocurren en la entidad no son denunciados.

Se tuvo un diálogo con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, articuladas a través de la Red Justicia y analizaron el estado de la justicia penal en el Estado, donde relatan que tres de cada 10 personas, es decir el 30.2 por ciento de la ciudadanía que acude las autoridades judiciales lo consideran una pérdida de tiempo, una de cada cinco es decir el 20.6 por ciento desconfía en la autoridad y 12.4 por ciento prefiere no denunciar delitos al considerarlos de poca importancia.

De acuerdo con la información se indica que el Ministerio Público de San Luis Potosí es uno de los 10 de los estados del país, que más denuncias recibe y de éstas sólo en el 77 por ciento se abrió una carpeta de investigación, cuando el promedio nacional es de 90 por ciento.

Además, siete de cada 10 carpetas de investigación abiertas en 2023 se encuentran en trámite en la Fiscalía General del Estado, FGE, y sólo tres fueron resueltas, lo que revela que la entidad enfrenta una importante tasa de congestión en sede ministerial.

“Es importante revisar las políticas que impiden que las denuncias se conviertan en investigaciones ya que en San Luis sólo 77 por ciento se convierten en carpetas de investigación, mientras que el promedio nacional es de 90 por ciento", comentó Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

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El reporte revela que, en 2023, el 71 por ciento de las personas acusadas en San Luis Potosí fueron enviadas a prisión preventiva, mientras que el 28.5 por ciento enfrentó su proceso en libertad. Además, el 67.3 por ciento de las personas que se encuentran en prisión siguen en espera de una sentencia, lo que ubica a San Luis Potosí como el segundo estado con mayor proporción de personas en prisión preventiva, sólo por debajo del Estado de Tlaxcala con un 69.3 por ciento. Se aseveró que esto refleja una sobrecarga e ineficiencia en el sistema de justicia judicial que afecta significativamente los derechos de las personas acusadas.

En esta edición de Hallazgos, el Índice de Capacidad Institucional —indicador que evalúa las condiciones operativas de la justicia penal en el estado— muestra que San Luis Potosí reportó 740 puntos de un estándar de 1,000. Así, la entidad se ubicó en la quinta posición a nivel nacional.

Finalmente, lo que propone este organismo para elevar la calidad de sus resultados y dar seguimiento al avance de los compromisos asumidos previamente por las autoridades estatales en materia de justicia es fortalecer el tema penal y proteger los derechos de víctimas y acusados, así como mejorar el sistema de información mediante una plataforma integrada, analizar las causas de la duración de juicios orales y fomentar el uso de mecanismos alternativos.

La Red Justicia de San Luis Potosí que conforman diversas organizaciones sociales de San Luis Potosí, participó en un ejercicio de trabajo con la organización no gubernamental de México Evalúa que presentó su más reciente reporte de Hallazgos desde lo local 2023: Evaluación de la Justicia Penal en San Luis Potosí, en donde se destacó que el 92.8 por ciento de los delitos que ocurren en la entidad no son denunciados.

Se tuvo un diálogo con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, articuladas a través de la Red Justicia y analizaron el estado de la justicia penal en el Estado, donde relatan que tres de cada 10 personas, es decir el 30.2 por ciento de la ciudadanía que acude las autoridades judiciales lo consideran una pérdida de tiempo, una de cada cinco es decir el 20.6 por ciento desconfía en la autoridad y 12.4 por ciento prefiere no denunciar delitos al considerarlos de poca importancia.

De acuerdo con la información se indica que el Ministerio Público de San Luis Potosí es uno de los 10 de los estados del país, que más denuncias recibe y de éstas sólo en el 77 por ciento se abrió una carpeta de investigación, cuando el promedio nacional es de 90 por ciento.

Además, siete de cada 10 carpetas de investigación abiertas en 2023 se encuentran en trámite en la Fiscalía General del Estado, FGE, y sólo tres fueron resueltas, lo que revela que la entidad enfrenta una importante tasa de congestión en sede ministerial.

“Es importante revisar las políticas que impiden que las denuncias se conviertan en investigaciones ya que en San Luis sólo 77 por ciento se convierten en carpetas de investigación, mientras que el promedio nacional es de 90 por ciento", comentó Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

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El reporte revela que, en 2023, el 71 por ciento de las personas acusadas en San Luis Potosí fueron enviadas a prisión preventiva, mientras que el 28.5 por ciento enfrentó su proceso en libertad. Además, el 67.3 por ciento de las personas que se encuentran en prisión siguen en espera de una sentencia, lo que ubica a San Luis Potosí como el segundo estado con mayor proporción de personas en prisión preventiva, sólo por debajo del Estado de Tlaxcala con un 69.3 por ciento. Se aseveró que esto refleja una sobrecarga e ineficiencia en el sistema de justicia judicial que afecta significativamente los derechos de las personas acusadas.

En esta edición de Hallazgos, el Índice de Capacidad Institucional —indicador que evalúa las condiciones operativas de la justicia penal en el estado— muestra que San Luis Potosí reportó 740 puntos de un estándar de 1,000. Así, la entidad se ubicó en la quinta posición a nivel nacional.

Finalmente, lo que propone este organismo para elevar la calidad de sus resultados y dar seguimiento al avance de los compromisos asumidos previamente por las autoridades estatales en materia de justicia es fortalecer el tema penal y proteger los derechos de víctimas y acusados, así como mejorar el sistema de información mediante una plataforma integrada, analizar las causas de la duración de juicios orales y fomentar el uso de mecanismos alternativos.

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