En SLP no se legalizará el aborto

Hubo discrepancias. Dos diputados de la comisión de Derechos Humanos abandonan la sesión y serán sancionados; "El Mijis" acusará a legisladores por ir contra la 4T

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

  · martes 10 de marzo de 2020

Diputado sin partido Pedro César Carrizales Becerra / Norma Rivera

Por mayoría, integrantes de la Comisión legislativa de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, rechazaron el dictamen para modificar el Código Penal y la Ley de Salud a fin de permitir el aborto porque carecía del estudio de impacto presupuestal requerido de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Esto generó que el presidente de la comisión y diputado sin partido Pedro César Carrizales Becerra y la legisladora de MORENA Alejandra Valdés Martínez, abandonaran la sesión de trabajo dejando a sus compañeros que siguieran la sesión. “Me retiro porque mis compañeros son incongruentes, un dia apoyan al feminismo y al otro rechazan el aborto”, dijo “El Mijis”.

Anunció acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia y que acusará ante la Comisión de Honor y Justicia de MORENA a los diputados Paola Arreola, Edson Quintanar y Angélica Mendoza por no aprobar el aborto.

La diputada Alejandra Valdés señaló que se violentan los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo “y no puede ser que a mis compañeros les importe más lo que opina la Iglesia cuando somos un estado laico”; señaló que no era necesario presentar el impacto presupuestal porque el Estado debe darle atención médica a las mujeres cuando van a abortar”.

El legislador del PAN Rolando Hervert Lara dijo que era una falta de respeto que el diputado Pedro Carrizales se haya retirado, por lo que la Contraloría Interna levantó un acta administrativa y la consecuencia podría ser su remoción como presidente de Derechos Humanos; aclaró que “yo siempre estaré a favor de la vida”.

La diputada María Isabel González Tovar, vocal de esta comisión legislativa, indicó que luego del análisis respectivo, se encontró que la propuesta no contaba con el estudio de impacto presupuestal, requerido en todo dictamen.

“Tenían que establecer, aproximadamente, si no cuantas mujeres acudirían en este servicio de interrupción legal del embarazo, si tener ya previsto independientemente de las normas oficiales, cómo se les va a brindar atención médica”.