En SLP la discriminación es delito, pero... sólo algunos la denuncian

Al ser víctima de discriminación, ya sea por parte de servidores públicos o particulares, puede denunciarlo ante la FGE: Silvia García Vázquez, directora de Equidad y No Discriminación de la CEDH

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

  · sábado 5 de febrero de 2022

Comisión Estatal de Derechos Humanos

En San Luis Potosí, la discriminación es un delito, sin embargo aún son pocas las personas que lo denuncian, indicó Silvia García Vázquez, directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

García Vázquez recordó que desde el 2009 San Luis Potosí cuenta con la ley para prevenir la discriminación, sin embargo fue hasta 2014 que se incluyó este delito en el Código Penal del Estado, que es su artículo 186 establece que comete el delito de discriminación quien provoque o incite al odio o a la violencia; Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o Niegue o restrinja derechos laborales o el acceso a los mismos, sin causa justificada.

Sin embargo señaló que aún falta que la población sepa que se trata de un delito, y que al ser víctima de discriminación, ya sea por parte de servidores públicos o particulares, puede denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado; al tratarse de servidores públicos también puede presentarse una queja ante la CEDH.

Mencionó que durante el último año, la CEDH recibió alrededor de cinco quejas por discriminación, dos de las cuales fueron presentadas por personas de la comunidad LGBT+ a quienes se les negó servicio en un antro y una inmobiliaria.

De acuerdo al Código Penal, este delito se sanciona con una pena de seis meses a tres años de prisión, y multa de 60 a 300 días del valor de la unidad de medida de actualización (UMA's); al tratarse de servidores públicos se le aumentará en una mitad la pena prevista y se le podrá imponer suspensión, destitución o inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la sanción impuesta.

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