A diferencia de otros casos, las mujeres que son denunciadas por aborto ven una rápida acción de la justicia en su contra, pues algunas de ellas son interrogadas en la camilla del hospital o cuando aún están bajo los efectos de la anestesia, denunció Karen Luna, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
De acuerdo al informe de GIRE, denominado “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, en el periodo de 2007 a 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en México, 228 fueron sentenciadas, 83 estuvieron en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva; las cifras en San Luis Potosí en ese mismo periodo, son de 9 personas denunciadas, tres enjuiciadas, tres sentenciadas y 21 en prisión preventiva. La ley establece de uno a 3 años de prisión.
Al respecto, Karen Luna señaló que en México, cada día hay una denuncia por aborto, pues la Ciudad de México se mantiene como el único estado en donde no está penalizado el aborto, a pesar de los tratados internacionales que ha firmado el país y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para caminar hacia la despenalización.
Destacó que además de no estar protegidas por la ley, las mujeres que tienen un aborto son criminalizadas al acudir por atención médica, pues en el estudio realizado por GIRE se pudo observar en las sentencias, que muchas de esas mujeres fueron interrogadas en la camilla del hospital o bajo los efectos de la anestesia, aunado a que “los jueces resuelven basándose en las confesiones de mujeres que muchas veces son obligadas a aceptar que se practicaron el aborto para recibir atención médica”.
Como ejemplo mencionó el caso de Hilda, la indígena potosina que tuvo un aborto espontáneo y cuando acudió al hospital se le condicionó la atención médica a cambio de que aceptara haberse practicado el aborto, y con ello fue condenada a un año de prisión, “en esa sentencia se ve que nunca se logró probar que ella haya ingerido alguna pastilla o que se provocó el aborto”.
En ese sentido, indicó que con el estudio también se pudo detectar que la mayoría de las mujeres que son sentenciadas por aborto vienen de una situación de precariedad económica, son jóvenes, indígenas y vienen de un contexto de violencia.
Finalmente, la activista señaló que al existir ya tratados internacionales y leyes nacionales en torno a la despenalización del aborto, es sólo cuestión de voluntad política para que a nivel estatal se legisle con apego al respeto a los derechos humanos.