Empresas "estaban acostumbradas a decidir qué sindicato y cuánto pagar": LSOM

Buscarán que los trabajadores y trabajadoras de Impro Industries, participen en un proceso democrático para elegir si continúan con su representación sindical u optan por una nueva, informó Pablo Franco, representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM).

Luego de que la LSOM presentó una queja ante el Mecanismo de Respuesta Rápida del TMEC, el gobierno de Estados Unidos dio por cerrada la investigación dado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) resolvió a nivel local, todos los puntos que se habían denunciado.

Al respecto, el representante legal de la LSOM indicó que hay conformidad con esta resolución dado que se corrigieron las violaciones a los derechos laborales, aunado a que la dependencia estatal propuso medidas de remediación, como fue la reinstalación del delegado de la Liga en la empresa.

Destacó que "lo más importante es que la empresa asumió un compromiso con la neutralidad sindical" lo que permitirá que la Liga dé a conocer cómo trabaja, para que los empleados decidan afiliarse al sindicato que ésta representa.

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Explicó que de acuerdo a la ley, es necesario que un sindicato tenga al menos el 10% de trabajadores afiliados en un centro laboral, para que demande la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y aunque actualmente la LSOM ya tiene el mínimo requerido (85 trabajadores), "tenemos por norma tratar de asegurar la mayoría desde antes para no dar pasos en falso".

Es por ello que continuarán con las actividades de afiliación antes de demandar la titularidad del contrato colectivo, y aseguró que una vez que ello ocurra, se respetará la decisión de los trabajadores, dado que el objetivo es que éstos elijan mediante el voto secreto, directo e informado, a su representación sindical.

Finalmente, el abogado señaló que a través de este tipo de acciones, la LSOM ha logrado que cada vez más trabajadores conozcan sus derechos laborales, y que las empresas conozcan las limitaciones que marca la ley, pues antes de la reforma laboral de 2019 "estaban acostumbradas a decidir qué sindicato y cuánto pagar", sin consultar a los trabajadores.