Los próximos 6 meses serán cruciales para construir una normatividad innovadora que se traduzca en menos contaminación y más acciones por parte del gobierno para mitigar el impacto ecológico de las actividades productivas.
Luego de que el Congreso del Estado aprobó el aplazamiento de la entrada en vigor del impuesto verde, la Alianza Empresarial de San Luis reconoció la disposición del Legislativo; al respecto, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y coordinador de la Alianza Empresarial, indicó que el sector empresarial se encuentra satisfecho con esta nueva propuesta para que el impuesto entre en vigor en enero de 2025, “agradecidos con el congreso en la aprobación, ya solo esperamos la aprobación por parte del ejecutivo”.
Mencionó que una vez que esta modificación se publique en el Periódico Oficial del Estado, estarán atentos a la convocatoria que haga el Ejecutivo para realizar las mesas de trabajo correspondientes.
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La Alianza Empresarial apoyó la propuesta de este gravamen para que el Estado cuente con mecanismos que mitiguen los efectos del cambio climático que se generan por parte del sector productivo, sin restarle competitividad a las empresas instaladas en la entidad, por lo que “estos seis meses serán cruciales para que todos los sectores podamos construir una normatividad innovadora que se traduzca en menos contaminación y más acciones por parte del gobierno para mitigar el impacto ecológico que realizamos todos por las acciones propias de nuestras actividades productivas”.
Coincidieron en que el Gobierno del Estado requiere de recursos para ejercer las acciones de mejoramiento a la calidad del medio ambiente, así como las empresas necesitan incentivos que le permitan mejorar sus procesos productivos tomando en consideración los alcances de la tecnología con la que se cuenta actualmente, pero también es indispensable que se reconozca en la norma a las empresas que ya tienen camino recorrido en materia de procesos verdes.
Por ello reiteró que el aplazamiento de la entrada en vigor del Impuesto Ambiental abre una nueva etapa en el diálogo y construcción de una norma que genere mejores condiciones ambientales para los potosinos, y un marco jurídico atractivo para nuevas empresas que busquen instalarse en el estado.