La modernización de la impartición de justicia fue uno de los aspectos que destacó la magistrada Olga Regina García López al presentar su Tercer Informe de Actividades, con el cual concluye su periodo al frente del Poder Judicial del Estado.
Este jueves, la magistrada Olga Reina García presentó su tercer y último informe de actividades, en el cual recordó que al inicio de su administración, en el año 2020, y con la llegada de la pandemia de Covid-19, se tuvieron que cerrar parcialmente las actividades al público, sin embargo continuó el trabajo a puerta cerrada y sin detener la labor jurisdiccional y administrativa, y una vez adoptadas todas las medidas sanitarias recomendadas por el sector Salud, el Poder Judicial de San Luis Potosí fue de los primeros Tribunales en el país en reabrir sus puertas.
“Una vez, de frente a la nueva normalidad, y gracias al trabajo conjunto de los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, nos dimos a la tarea de modernizar la impartición de justicia; potenciando el uso de la tecnología se desarrollaron nuevos sistemas informáticos y con ello se ampliaron las funciones digitales de las diferentes áreas del Tribunal, así como por primera vez se instalaron sistemas informáticos en los juzgados del interior del Estado, concretamente en Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde; se instaló el sistema de Tocas electrónicos en las Salas Civiles; y se desarrollaron diferentes servicios, lo que permitió a la ciudadanía realizar trámites judiciales, a través de sus dispositivos electrónicos, entregando a la población un Tribunal más moderno y ágil”.
Entre los sistemas informáticos creados destacan el sistema para la gestión actuarial en juzgados familiares; el módulo de referencias bancarias que permite el depósito de garantías en juzgados foráneos reduciendo con ello un 60% el tiempo de procesamiento de los billetes de depósito del interior del estado; el módulo de registro de deudores alimentarios; se actualizó el módulo del sistema de gestión judicial penal para obtener indicadores sobre delitos de naturaleza sexual, además de la ampliación de la cobertura del Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE) en Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala. Con los sistemas desarrollados se realizaron más de 111 mil trámites jurisdiccionales en línea.
Se emprendió la digitalización del Archivo Judicial, preservando la memoria del Poder Judicial, al digitalizar fondos documentales, llevando a cabo su captura e indexación con la correspondiente certificación de autenticidad para luego ser resguardados en un micrositio alojado en la página web institucional. A cinco meses de haber iniciado la primera etapa que comprende los años 2015 a 2019, se digitalizaron 69 mil 902 expedientes, capturando más de 9 millones 400 mil imágenes.
Entre las obras de infraestructura que se llevaron a cabo, destacan la apertura del Juzgado Séptimo Familiar que desde el pasado mes de marzo brinda atención en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; la construcción de un nuevo juzgado familiar en la Ciudad Judicial a partir del próximo mes de enero, el cual permitirá descongestionar la carga de trabajo en esta materia; la reestructuraron espacios que anteriormente ocupaban las Salas de Oralidad en el Centro de Justicia penal antiguo por lo que ahora se cuenta con 9 salas para el desahogo de audiencias.
La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina dio trámite a 70 procedimientos administrativos, impuso 13 sanciones, entre ellas, la suspensión a 4 funcionarios y también, hubo órganos jurisdiccionales sin recomendaciones.
En materia de transparencia, el Poder Judicial del Estado es el único en el país que publica la totalidad de sus sentencias íntegras en formato abierto para su impresión por considerarlas de orden público; también, el único que publica de manera completa todas sus sentencias en materia de violencia contra las mujeres, ello en cumplimiento a los requerimientos del Comité CEDAW, y además, difunde las versiones estenográficas y virtuales de las sesiones plenarias del Supremo Tribunal de Justicia.
En cuanto a la función jurisdiccional, principal actividad del Poder Judicial, reporta que en las Salas de las materias civil, mercantil y familiar se dictaron 1,460 sentencias e interlocutorias; en contra de esas determinaciones se promovieron 537 juicios de amparo, de los cuales 73 fueron concedidos para efectos.
En las Salas en materia penal del sistema tradicional, se dictaron 827 sentencias definitivas e interlocutorias, respecto de las que se promovieron 135 juicios de amparo, sin concederse alguno de fondo. En el sistema penal acusatorio en segunda instancia, se resolvieron 267 apelaciones en contra de las cuales se interpusieron 158 amparos, sin concederse alguno de fondo.
En los juzgados de las materias civil, familiar, mercantil, de ejecuciones, penal y de adolescentes del sistema tradicional, laboral y en oralidad para adolescentes se emitieron 20 mil 063 sentencias definitivas e interlocutorias y se dictaron 407 mil 834 acuerdos. El Juzgado Especializado en órdenes de protección amplió su competencia y otorgó 347 solicitudes. El Sistema de Gestión para la Oralidad Mercantil, emitió 6,100 acuerdos y emitió 235 sentencias definitivas e interlocutorias.
En el sistema Penal Acusatorio se llevaron a cabo 8 mil 997 audiencias en las que se dictaron 688 resoluciones de vinculación a proceso, 211 sentencias y 442 causas penales se resolvieron a través de salidas alternas.
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