La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación contra Manuel Fermín Villar Rubio rector saliente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por el caso de una docente de la facultad de Derechos víctima de una agresión sexual que cometió un trabajador.
El 20 de mayo de 2019, recibió la queja de una mujer quien labora como docente de la Facultad de Derecho, narró que el 20 de octubre de 2017, en el interior del Auditorio “Rafael Nieto Compeán”, fue víctima de actos de violencia sexual imputados directamente a una persona del sexo masculino que labora en funciones administrativas en esa misma entidad académica.
La víctima informó que luego de buscar apoyo tanto en la Facultad de Derecho como en la Rectoría, el asunto fue turnado a la Defensoría de Derechos Universitarios, para que se realizará la investigación pertinente y en su momento se emitiera la resolución que correspondiera por lo que se implementaron Medidas Precautorias contenidas en el Protocolo de Entrada para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamientos Sexual en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El 26 de septiembre de 2019, el Titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, determinó que efectivamente la persona señalada como agresor fue encontrado responsable de la conducta de actos de violencia sexual en agravio de la mujer, puntualizando el Defensor en su resolución dieciséis acciones concretas a realizarse en un término de 60 días naturales posteriores a la notificación y, en caso de incumplimiento se daría vista a la Contraloría General Universitaria para la determinación de las responsabilidades.
El 9 de marzo del año en curso, la CEDH requirió a la UASLP mediante Medidas Cautelares, se informara sobre cumplimiento de todos y cada uno de los puntos resolutivos emitidos en favor de la víctima por el Defensor de los Derechos Universitarios, en respuesta recibida el 13 de marzo de este año, se informó sobre algunos avances en el cumplimiento de la determinación del Ombudsman Universitario, más no así su total observancia, además de que a la fecha la víctima cursa un trastorno psicológico y secuelas físicas derivadas del hecho victimizante sin que se le haya reparado daño, ni se haya dado vista al Contralor General Universitario como lo señala la propia resolución del Defensor de los Derechos Universitarios.
En consecuencia, el 31 de marzo de 2020 se emitió la Recomendación 7/2020 que fue dirigida y recibida en la oficina del Rector saliente arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio.
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