El nombre del potosino Juan Pablo Gómez Fierro ha resonado a nivel nacional en más de una ocasión, primero por frenar reformas impulsadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora, por renunciar al cargo de magistrado antes que someterse a la elección por voto popular.
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Gómez Fierro cursó especialidades en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla–La Mancha, en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, y Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho, entre otras. Es Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, y Doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
En el entonces Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, cursó la Especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito, y el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación. Además cuenta con diversos cursos y diplomados en: derecho constitucional, juicio de amparo, derecho tributario, interpretación jurídica, propiedad industrial e intelectual, perspectiva de género, competencia económica, telecomunicaciones, medio ambiente, razonamiento probatorio y sistemas de precedentes judiciales.
Dentro de su carrera judicial ocupó los cargos de Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito; fue Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y actualmente se desempeña como Magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México.
Gómez Fierro cobró fama involuntaria en 2021, cuando como Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa frenó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, lo que le valió descalificaciones por parte del entonces Presidente de la República desde la conferencia “Mañanera”; posteriormente frenó también la Ley de Hidrocarburos, con la cual el gobierno federal pretendía favorecer a Pemex sobre el resto de los participantes en el mercado de hidrocarburos.
Después detuvo las políticas de la Secretaría de Energía (SE) que pretendían obligar a que los usuarios interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural se abastecieran de PEMEX, CFE o sus subsidiarias o filiales.
También fue quien detuvo la entrada en vigor del decreto que pretendía crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT), al considerar que al entregar datos biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANUT, se violaban los derechos de las personas. Estas resoluciones lo mantuvieron en la mira del ex Presidente a lo largo de su administración.
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Esta semana su nombre volvió a ser tendencia nacional cuando anunció su negativa a participar en el proceso de elección judicial del próximo año, luego de que la magistratura que ocupa, resultó sorteada en el proceso de insaculación realizado el pasado sábado en el Senado de la República. Además, presentó su renuncia al cargo a partir del 31 de octubre, después de 22 años de carrera judicial, y es que destacó que a raíz de la reforma, todos los jueces y magistrados están cesados del cargo, la diferencia es que unos se irán en 2025 y otros en 2027.
En su carta de renuncia expuso que declinó participar en el proceso de elección por considerar que “la reforma al Poder Judicial es contraria a los valores de la República y la división de poderes”, pues previo a la aprobación de la reforma y luego de ello, señaló que con la elección por voto popular se pondría en riesgo la independencia de jueces y magistrados, sobre todo al considerar que la reforma plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que podrá sancionar a quienes emitan sentencias que se considere, atentan contra el interés público. Y al comprometer la independencia judicial, se atenta contra el Estado de Derecho.
Así mismo, reprobó que el proyecto de vida de quienes han dedicado una o más décadas a la carrera judicial, quede sometida al azar, como ya ocurrió con la primera insaculación para decidir cuáles cargos serán sometidos a votación popular el próximo año, situación que dijo, atenta contra la dignidad de las personas que han dedicado su vida a capacitarse para escalar puestos en el Poder Judicial, como fue su caso.
En ese sentido, en congruencia con la crítica que hizo a la reforma previo y posterior a su aprobación, fue que tomó la decisión de no participar en el proceso de elección, pues hacerlo, sería como avalarlo.
En su carta de renuncia el magistrado potosino también señala que “durante mi encargo, siempre actué con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; sobre todo con un gran compromiso con la institución y con México”, y asegura que desde la sociedad civil, continuará defendiendo esos mismos valores.
Así mismo, se dice confiado en que “la historia nacional reivindicará la gran labor del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y la defensa del orden constitucional”, ya que ha dicho esperar que los distintos procesos legales que se han iniciado en contra de la reforma judicial, tengan una salida que dé lugar a invalidarla, pues coincide con el argumento que han expuesto trabajadores del Poder Judicial en cuanto a que las modificaciones a la Carta Magna no fueron impulsados por un Poder Constituyente, lo que deja dudas sobre su legitimidad.