Por ahora, la única manera que tienen los ciudadanos para evitar entregar sus datos biométricos, es mediante un amparo, señaló Salvador Hernández Peña, maestro en Educación y licenciado en Derecho, quien imparte la materia de Derecho de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.

El abogado coincidió con el juez que otorgó la primera suspensión provisional en contra del decreto que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos biométricos, en que el registro de estos datos no garantiza que las autoridades investiguen más o mejor los delitos.

EL RIESGO

Hernández Peña indicó que actualmente, pocos países han recurrido a este tipo de registros de información, mencionó por ejemplo los casos de Venezuela y China, "donde la democracia no es uno de los valores que busquen esos países, buscan el autoritarismo y a través de esta vigilancia excesiva pueden controlar a sus ciudadanos".

Se refirió al hecho de que se establece como una condicionante que si un usuario no proporciona sus datos biométricos, se le cancelará la línea telefónica, lo cual viola el derecho de libre acceso a las tecnologías de la información "y nunca debería ponerse la violación de los derechos humanos debajo de un pretexto de que busca la seguridad".

Destacó que ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "que indican que sólo en situaciones muy concretas -de seguridad nacional incluso-, se podría suspender esos derechos a una persona en específico, pero no a la colectividad, no de la manera como ellos lo están buscando".

También mencionó el derecho a la privacidad, y el riesgo de que el registro de datos biométricos caiga en manos de delincuentes, pues recordó que ya en 2008 sucedió esto, cuando en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se realizó un registro de usuarios de telefonía que terminó comercializado en el mercado negro, y que llevó a que el registro fuera destruido para evitar que siguiera distribuyéndose.

Alertó sobre la peligrosidad de que esta información caiga en manos de terceros, pues recordó que anteriormente cada persona contaba con una contraseña numérica para acceder a distintas aplicaciones o servicios, sin embargo ahora por comodidad, hay muchas aplicaciones a las que se puede ingresar mediante la huella digital o el iris, por lo que al entregar los datos biométricos "estaríamos entregando nuestro password (contraseña)".

HERRAMIENTAS

El abogado y catedrático manifestó que no se justifica que se solicite más información a los usuarios de telefonía móvil, "la autoridad ya cuenta con suficientes herramientas para la persecución de estos delitos", pues recordó que el artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Penales faculta a las autoridades para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones, entregar los datos que conservan de una línea telefónica (como nombre y domicilio del usuario) y conocer la ubicación geográfica en tiempo real de un celular.

Explicó que para acceder a dicha información, las autoridades deben precisar qué equipo específicamente es el que pretenden rastrear, cuáles son los motivos que justifican acceder a su ubicación geográfica, por cuánto tiempo se realizará el rastreo, entre otros requisitos, y con ello han podido resolverse diversos delitos, lo que denota que no se requieren más datos de los usuarios.

¿QUÉ HACER?

Reconoció que aunque no es lo deseable, por ahora la población solamente puede recurrir al amparo para evitar que se le obligue a entregar sus datos biométricos, pues aún no se sabe si este decreto se echará abajo ahora que los ciudadanos han comenzado a recurrir a este instrumento legal.

Por lo pronto la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y telecomunicaciones, crea precedente.

En el país, diferentes asociaciones de abogados han ofrecido a la población realizar el trámite, incluso otorgar asesoría de manera gratuita para que soliciten el amparo.