Se estima que 54 por ciento del total de embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, es decir clandestinos, 34 por ciento en nacimientos no planeados, y 12 por ciento en abortos espontáneos.
Y tanto en 2021 como en 2022, fueron tres estados los que acumularon la mayor cantidad de denuncias de crímenes por aborto ilegal en el país, todos ellos con más de 100 expedientes: el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Esta última entidad tiene todas las papeletas para encabezar la lista de 2023, puesto que solo con los datos hasta abril ya esta cerca de las 60 denuncias por aborto ilegal.
Yesica Yolanda Rangel, investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (USLP), expresó su preocupación sobre la necesidad de despenalizar el aborto a nivel local en México debido a posibles confusiones en los servicios de salud, incluyendo el IMSS, ISSSTE y Pemex, tras el reciente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen emitido el seis de septiembre, ha generado la discusión de una iniciativa para la despenalización del aborto a nivel estatal. Destacó que mientras el aborto siga siendo penalizado en los códigos estatales, la situación se volverá cada vez más complica. Entonces, mencionó la posibilidad de recurrir al amparo en caso de que la iniciativa no prospere.
Aunque existen protocolos y lineamientos técnicos para la atención al aborto en el sistema de salud sexual y reproductiva, la falta de despenalización a nivel estatal dificulta la intervención de los sistemas de salud públicos.
El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, solo garantiza la despenalización a nivel federal, afectando al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y Petróleos de México, Pemex, lo que podría generar confusiones en la interpretación de la ley a nivel estatal.
La iniciativa de despenalización a nivel estatal fue presentada por un grupo de mujeres activistas, académicas y defensoras de derechos humanos, con el respaldo de asociaciones nacionales e internacionales que luchan por el respeto del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, en lo que se refiere a la decisión reproductiva. Estas organizaciones están unidas bajo el nombre de "Marea Verde" y tienen como objetivo la despenalización del aborto en todo México.
La funcionaria Universitaria subrayó la importancia de abordar el problema del aborto, que sigue siendo una causa significativa de muerte en México, aunque muchas de estas muertes se clasifican de manera diferente en las estadísticas. Además, destacó la necesidad de reconocer el aborto como un problema de salud pública en San Luis Potosí y en todo el país.
En cuanto a la percepción social de este fenómeno, señaló que muchas mujeres utilizan términos diferentes para describirlo debido a los estigmas que rodean el tema. Esto complica aún más la discusión sobre la despenalización.
Hizo hincapié en que, además de los aspectos legales, existen resistencias en el sector de la salud en relación con el aborto. Abogó por la necesidad de abordar la objeción de conciencia en los planes de estudio de los futuros profesionales de la salud y eliminar el estigma asociado al aborto en el sistema de salud.
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