“Si hay un paro nacional tiene que ser un momento de cuestionamiento para todos y todas”, destacó Alejandra Balduvin, defensora de derechos humanos y gestora cultural de colectivos feministas organizados para el 8 de marzo.

Colectivos feministas en San Luis Potosí ya se organizan para realizar diversas actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para lo cual iniciarán con diversas actividades como foros y pláticas a partir del 2 de marzo para cerrar con un campamento en la Plaza de Armas como una forma de apropiarse del espacio público y una marcha el 8 de marzo.

La vocera asignada para esta movilización, Alejandra Balduvin, indicó que en las asambleas de organización para el 8 de marzo participan alrededor de 15 colectivos feministas además de mujeres en lo individual, sin embargo no han definido si apoyarán o no el movimiento #UnDíaSinNosotras “El nueve ninguna se mueve”, y la forma en que se haría, pues en lo que han coincidido es que “es una conquista salir a los espacios públicos, como para no tenerlos”.

Mencionó que también se han posicionado respecto a que las instituciones y partidos políticos no deben apropiarse de una iniciativa ciudadana, “porque no se trata de un permiso, está en el imaginario que nos están dando un día para ir al spa o quedarse a ver la tele, pero la realidad no es esa, la realidad es que si hay un paro nacional tiene que ser un momento de cuestionamiento para todos y todas, para nosotras por ocupar espacios públicos, para reunirnos a platicar de nuestros derechos laborales, y para las instituciones para preguntarse cómo contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus trabajadoras”.

Indicó que además hay instituciones que caen en cierta incongruencia, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Congreso del Estado; la primera porque parece considerar que sumándose al paro “está saldando sus deudas con los derechos de las mujeres y la seguridad de sus estudiantes” cuando en realidad tiene deudas pendientes con las mujeres, mientras que el Legislativo ha sido omiso en las recomendaciones que han hecho organismos nacionales e internacionales para que legalice la interrupción del embarazo en el estado.

“Lo que tenemos claro es que estaremos ahí recordándoles que tienen deudas pendientes con los derechos de las mujeres, su seguridad y su calidad de vida”, concluyó.