Desde hace alrededor de 6 años, habitantes de la delegación La Pila, han llevado una lucha legal en contra de una empresa gasera instalada en la carretera 57, en el acceso a la delegación, pues temen un accidente fatal como el ocurrido en 1984 en San Juanico.
Miguel Adán López Ávalos, ejidatario de La Pila, manifestó que como parte del juicio de amparo presentado hace alrededor de seis años en contra de la instalación de una empresa gasera en el acceso a la delegación, solicitaron que instancias públicas reconocidas, realicen dictámenes de impacto ambiental y de riesgo en torno a esta empresa.
Y es que la citada gasera cuenta con cinco esferas de gas, por lo que los habitantes temen que se presente un accidente de igual o mayor dimensión que el ocurrido en San Juanico en 1984, donde la explosión de dos esferas dejó un saldo de más de 500 fallecidos y 200 heridos. Destacaron que en La Pila, hay viviendas a escasos 800 metros de la gasera, “es por eso que estamos llevando a cabo procedimientos en contra de ellos”.
Denunciaron que además del riesgo que representa, la gasera se instaló de forma irregular, pues al presentar el amparo se encontraron con que la empresa cuenta con una escritura pública de una fusión de predios avalada por un notario de otro estado del país, “con esa escritura solicitaron al gobierno del estado y al municipal en 2015, que se les entregaran permisos provisionales, figura que en la ley no existe, no puede darse permiso provisional a una empresa de este tipo que trata con hidrocarburos”.
Además de que el permiso provisional no tiene sustento legal, destacó que los ejidatarios que llevan toda su vida en La Pila, no cuentan con escrituras, lo que suma suspicacia en torno a la legalidad del documento que posee la empresa avalado por un notario foráneo.
En ese sentido, también denunciaron a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA), que es la responsable de regular este tipo de empresas, y solicitaron que se realicen los dictámenes de impacto ambiental y de riesgo en los que se cubran 104 requisitos, que van desde el radio de amortiguamiento, ubicación de la vivienda más cercana, plan de acción en caso de accidente, entre otros para garantizar la seguridad de los pobladores.