Otro lastre de la “herencia maldita” en pasadas administraciones es que grupos políticos o autodenominados como organizaciones sociales negociaban espacios de maestras y maestros para sus agremiados en distintos centros educativos, lo que ha dejado conflictos para el nuevo Gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, pues ahora exigen un pago pero sus plazas no se encuentran regulares a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Respecto a la manifestación de un grupo de maestros pertenecientes a una agrupación política en Palacio de Gobierno, el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres, manifestó que la dependencia estatal no puede cubrir sus exigencias salariales debido a que su espacio laboral no tiene registro normativo, y que por el contrario hay maestras y maestros que si han concursado por sus plazas y exigen ser ubicados en las escuelas que por Ley y conforme a derecho les corresponde.

El funcionario reiteró que se han mantenido, en todo momento, mesas de diálogo y trabajo con las madres y padres de familia, e incluso acercamiento con estos grupos en particular a fin de llegar a algún acuerdo y no afectar la educación de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas donde imparten clases.

Además, refirió que aunado a ello se descubrió otra práctica irregular: solicitar que la incorporación de las y los estudiantes de nivel medio superior a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sea pagada por el Gobierno del Estado, lo que actualmente representa erogar aproximadamente 900 mil pesos, cantidad que excede la capacidad de la SEGE ante la dificil situación que se enfrenta.

Finalmente, insistió en que en la nueva administración estatal se mantiene apertura al diálogo para no afectar a las y los estudiantes en el desarrollo de su educación, pero reconoció que es por medio de la legalidad como se actuará en esta y cualquier situación.