Dentro del proceso penal que enfrentan, ex funcionarios de anteriores administraciones implicados en el presunto fraude de la Dirección de Pensiones del Estado, hicieron un ofrecimiento para resarcir el daño devolviendo el monto de los recursos que serían objeto de la carpeta de investigación aperturada en su contra.
Sin embargo, no corresponde a la Fiscalía General del Estado decidir si acepta o no el ofrecimiento, será la Junta de Consejo de la Dirección de Pensiones la que determine si acepta o no el reembolso de los recursos, según comentó en entrevista la Fiscal General del Estado María Manuela García Cazares.
“Hubo un ofrecimiento de recursos en lo que corresponde a la primera de las dos carpetas de investigación que tiene aperturadas la Fiscalía del Estado en torno al tema, y la determinación de si se acepta o no el ofrecimiento corresponde únicamente la Junta de pensiones ya que la Fiscalía del Estado es solamente una figura intermediaria”.
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La Fiscal detalló que el órgano de procuración de justicia cuenta con dos carpetas de investigación aperturadas y en las dos se ha estado trabajando, en una el monto objeto del presunto fraude es por alrededor de30 millones de pesos y la segunda por 180, “estamos por llegar en una a la etapa intermedia y de la otra se sigue el paso de la investigación”
García Cazares sostuvo que este miércoles hubo una revisión de una medida cautelar solicitada por parte de uno de los imputados, donde la petición al Juez de la causa fue cambiar medida de prisión preventiva justificada por liberad condicionada, se hicieron los alegatos correspondientes por parte de la Fiscalía y el juez determino otorgar la negativa.
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