El Congreso del Estado exhortó al titular del Poder Ejecutivo y a los 58 alcaldes a establecer y reforzar mecanismos de acceso a los servicios de salud dirigido a jornaleros agrícolas y garantizar los derechos laborales y humanos del sector agrícola durante la contingencia sanitaria.
El diputado Pedro César Carrizales Becerra dijo que la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) presentó un informe a los diputados y diputadas donde San Luis ocupa los primeros lugares con mayor población migratoria agrícola.
“Es una población flotante de 94 mil 826 jornaleros agrícolas migrantes, que se ha incrementado en los últimos años a razón del aumento de los cultivos agrícolas en la entidad. Sin embargo, las y los trabajadores agrícolas, siguen enfrentando condiciones laborables deplorables y explotación salarial”.
En nuestro Estado, la población de las zonas indígenas téenek y nahua, así como la población campesina de Xilitla, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa, Coxcatlán, Tancanhuitz, Tanlajás y Axtla de Terrazas, entre otros, se incorporan a circuitos migratorios de índole nacional en los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz.
Agrega que el 18 de marzo de 2020 la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas dio a conocer un pronunciamiento en el cual exhortaron “urgentemente a las autoridades mexicanas competentes, tanto en los estados de origen como de destino y asentamiento de las personas jornaleras agrícolas y sus familias, presentarles información precisa, sencilla y en sus idiomas sobre las formas de contagio del Covid-19, ya que al no ser proporcionadas por sus empleadores, ni vigiladas y garantizadas por las autoridades competentes, podrían afectar a alrededor de 9 millones de personas, las cuales, dada su situación de vulnerabilidad, pondría en peligro su vida y generaría una grave crisis de salud pública.
Por ello, explica el legislador, es que el Punto de Acuerdo busca exhortar al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado de San Luis Potosí a que se coordine con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Salud federal, a fin de establecer, definir y reforzar medidas de prevención y mecanismos de acceso a los servicios de salud dirigido a jornaleros agrícolas, tanto migrantes, locales y asentados. Asimismo, garantizar los derechos laborales del sector agrícola durante la contingencia sanitaria por Covid-19, donde se otorguen garantías de información, prevención y de protección a la salud para las familias jornaleras mediante brigadas de salud a domicilios o campos agrícolas con una perspectiva intercultural, tomando en consideración a la población indígena.
También se exhorta a los 58 gobiernos municipales de la entidad a que implementen, directamente y/o a través de sus Coordinaciones de Derechos Humanos y/o sus instituciones municipales de salud, acciones informativas, preventivas y de monitoreo al estado de salud de la población jornalera, en el cumplimento y garantía de sus derechos humanos.
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