Los diputados del PRI exigieron al equipo de Andrés Manuel López Obrador que aclare la base de la legalidad, así como la metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta, para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI diputado Mauricio Ramírez Konishi presentó un posicionamiento para que el nuevo gobierno explique qué parte y qué monto del presupuesto destinado para el Fideicomiso de Transición 2018 ha sido y será usado para fines de planeación, instrumentación, evaluación y entrega de resultados de la consulta para el Nuevo Aeropuerto.
Solicitó al equipo de transición del presidente electo, que transparente y sustente el vínculo jurídico institucional que tendrán los resultados de la mencionada consulta.
También, que haga públicos los mecanismos para cumplir con la obligación legal de la protección de los datos personales de los ciudadanos que participarán en la “consulta” que se realiza del 25 al 28 de octubre del presente año.
Además, solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en el marco de sus facultades constitucionales, vigile que se cumpla a cabalidad la legislación en materia de protección de datos personales en la “consulta” que ha planteado realizar el presidente electo entre el 25 y 28 de octubre de 2018.
En la exposición de motivos, se indica la necesidad de conocer de manera oficial, los mecanismos en que se llevará a cabo la consulta y la obtención de los resultados de esta, dado que existen muchas dudas al respecto.
Recalcó que esta consulta no se realiza conforme al marco jurídico mexicano, establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la realización de las consultas ciudadanas, mismas que deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, y en la cual el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la organización, cómputo y declaración de resultados.
“Es muy claro que la metodología propuesta por el equipo de la administración federal entrante dista de enmarcarse en la normatividad prevista para las consultas populares, por lo que su validez y vinculación institucional carecen de firmeza legal; en primera instancia, el ejercicio es financiado y organizado por el propio equipo de transición, lo que deja en duda la imparcialidad de la consulta en sí misma. Ello implicaría que, a los resultados de este ejercicio informal, el Presidente Electo podría darle el sentido que más le convenga”, destaca.
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