Los integrantes del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pedirán a la Fiscalía General de la República, que investigue a Jesús Murillo Karam por delitos cometidos contra la administración de justicia.

Esto, en el marco de las investigaciones a su cargo, en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El legislador Edson Quintanar Sánchez, coordinador de este Grupo Parlamentario, recordó que el pasado 7 de julio de 2020, restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron encontrados en una zona conocida como Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula, a 800 metros del basurero de la localidad, según informó Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un mensaje, el funcionario indicó que, luego de que la institución recibió información, se realizaron más de 20 búsquedas. Entre el 21 y el 29 de noviembre se encontraron restos, de los que seis piezas fueron enviadas para su análisis a la Universidad de Innsbruck, Austria.

Durante su mensaje, el fiscal especial insistió en que el hallazgo ocurrió en una zona distinta a la del basurero municipal de Cocula, un sitio clave de la investigación de la anterior administración federal, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados.

Desde el sexenio pasado (2012-2018), los familiares de los jóvenes y organizaciones civiles rechazan esa versión, conocida como "la verdad histórica".

Los nuevos hallazgos en la investigación implican una ruptura abrupta con la denominada “verdad histórica”, esto último implica que esta verdad fue construida con dolo, con el objetivo de negar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, con el propósito de encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de los 43, así como un cúmulo de irregularidades en la investigación que tienen que investigarse por cadena de mando, comenzando por el ex procurador Jesús Murillo Karam.

De las constancias que obran en la averiguaciones previas se desprende que la PGR ha recurrido sistemáticamente a golpes y torturas para incriminar a los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que obtuvieron las confesiones de varios de los detenidos mediante golpizas e incluso choques eléctricos, así como tortura psicológica para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros, generalmente antes de ponerlos a disposición de las autoridades, algunos marinos reportaron que “se lastimaban solos”.

Asimismo, ninguno de los casi 100 detenidos se encuentra acusado por el delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada, secuestro, homicidio, entre otros tipos penales que distan de la conducta típica que implica la desaparición forzada de personas.

Bajo confesiones obtenidas mediante la tortura la PGR construyó la denominada “verdad histórica”, dijo Quintanar Sánchez.