La Fiscalía General de San Luis Potosí cumplimentó orden de aprehensión contra Leopoldo Stevens Amaro, ex secretario de Obras Públicas de la administración de Juan Manuel Carreras López por los delitos de ejercicio indebido de la función pública y asociación delictuosa. Fue capturado afuera de su domicilio.
El navista es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Uaslp) y enfrentó además una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por la construcción del puente en Periférico Oriente y avenida Industrias, donde los ganadores de la licitación fueron sus hijos, a través de la empresa Wasserfall Bautragerin SA de CV, de la cual aparece presuntamente como representante legal Leopoldo Stevens Pérez; así como Desarrolladora y Constructora Stevens SA de CV, representada por el ingeniero Edgardo Stevens Pérez; es decir, de una licitación pública estatal, con recursos del propio gobierno del estado, la obra le fue asignada a los hijos de Leopoldo Stevens Amaro, miembro del gabinete estatal”, dice el texto de la demanda.
Fue una obra de 230 millones de pesos.
Su historia
El ingeniero Leopoldo Stevens Amaro fue el contratista favorito del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga a lo largo de su sexenio. Señalado porque las obras importantes que ejecutó, con costos de cientos y cientos de millones de pesos, las obtuvo mediante licitaciones amañadas y manipuladas.
En su curriculum está haber sido presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis Potosí.
Caso Metalclad
El gobierno de México enfrentó en 1993 un difícil y complejo litigio contra la empresa norteamericana Metalclad que adquirió de la firma potosina Confinamiento Técnico de Residuos Industriales (Coterin) el tiradero de deshechos de La Pedrera, en Guadalcázar, para ampliarlo, modernizarlo y explotarlo. El litigio fue ganado por Metalclad porque según el fallo de un panel internacional de expertos la compañía contaba con una Licencia Estatal de Uso de Suelo firmada por Leopoldo Stevens Amaro y fechada el 11 de mayo de 1993.
Por ese documento, que fue clave en el juicio, el gobierno federal tuvo que indemnizar a Metalclad con 14 millones de dólares. Stevens Amaro era el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología durante el interinato del ex gobernador Teofilo Torres Corzo.
Llamado a cuentas por la siguiente administración, Stevens Amaro declaró que Metalclad le ofreció el contrato para que ya como profesionista privado se hiciera cargo del diseño y construcción de las nuevas instalaciones del confinamiento, pero que había declinado la jugosa oferta.
En efecto, no aceptó la obra, pero según está documentado su declinación la hizo varios meses después de haber firmado la licencia y de haber abandonado el cargo. Es decir, en el momento en que estampó su firma en el documento, valiosísimo para los inversores, él, Leopoldo Stevens Amaro, estaba interesado en el contrato y realizaba negociaciones al respecto.
Más más datos y detalles obran en un documento oficial de ocho hojas y 29 anexos entregado en 1996 a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México, en ese entonces a cargo del diplomático James Jones.
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