Detalla SEA en qué consiste la política estatal anticorrupción

El combate a la corrupción se constituye en San Luis Potosí, como una tarea impostergable, por lo que las acciones y recomendaciones que urgen del diagnóstico realizado sobre el estado que guarda la corrupción en la entidad potosina, servirán para una adecuación institucional que coadyuve en la eliminación de la opacidad en la que operan buena parte de las agencias gubernamentales.

Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que de este diagnostico se desprenden una serie de acciones con las que se integró un plan de trabajo para erradicar la corrupción a través de una Política Estatal Anticorrupción (PEA).

Se busco que se tuviera participación de los 58 municipios de las cuatro zonas del estado, para sacar el porcentaje de percepción de la corrupción como estado, con el resultado de esa participación se hace un diagnostico de donde se construye la PEA de forma conjunta entre diversas áreas de la UASLP, el Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva y Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, incluye 62 propuestas y 245 líneas de acción para combatir la impunidad e impulsar la rendición de cuentas.

Sin embargo, el verdadero reto es la implementación de esta política, que exista la voluntad de los servidores públicos en implementar de las 245 líneas de acción las que correspondan, “es importante que haya la voluntad y para ello la participación ciudadana es fundamental”.

Propone siete ejes; Atención a las necesidades ciudadanas; Fortalecimiento de las normas sociales; Delimitación del interés para evitar el abuso de poder; Gestión de conocimiento y racionalidad; Fortalecimiento de las capacidades institucionales; Rendición de cuentas y Combate a la impunidad.

Entre las 62 acciones que se proponen para el combate a la corrupción destacan el generar mecanismos adecuados para el acompañamiento y asesoría al denunciarse actos de corrupción; fomentar la simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad; Verificar la operación de los programas presupuestaros con base en derechos humano y gestión de riesgos de corrupción.

Asimismo, implementar y fortalecer los mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios; promover la simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos; generar un sistema único que integre información sobre políticas y programas sociales, así como un padrón de beneficiarios.

También se propone crear observatorios para una vigilancia de compras y adquisiciones gubernamentales; implementar un sistema que permita registrar actos o conductas corruptas de los servidores públicos estatal y municipales, denunciados por la ciudadanía; reconocer la calidad y honestidad de las instituciones públicas gubernamentales y promover la participación efectiva de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Rodríguez López comento que al presentar la PEA ante los titulares de los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se tuvo como respuesta de las “cabezas” de los tres poderes, “de asumir esta política y sobre todo implementarla en los podres que dirigen”.

Para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los funcionarios públicos a la PEA, se trabaja en un programa guía de implementación adecuado a cada uno de los poderes del estado, que será validado por siete entes relacionados con la fiscalización, vigilancia en la aplicación de recursos, transparencia y procuración de justicia.

Contempla aspectos para prevenir el cumplimiento de las acciones que se plantean, “El tema de la corrupción es un tema complejo que de la noche a la mañana no puede erradicar, la PEA tiene de uno a cinco años para ver los resultados”.

Las instituciones que no implementen la PEA de acuerdo al programa, serán sujetos a recomendaciones similares a las que emite la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

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