En San Luis Potosí, la batalla por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo ha sido una historia de perseverancia y valentía. Desde 2015, activistas como, Arely Torres Miranda y Queletzu Navarro han impulsado iniciativas y alzado la voz, enfrentando barreras y resistencias para garantizar que las mujeres tengan la libertad de interrumpir un embarazo sin ser criminalizadas.
Un contexto nacional que inspira
La lucha en San Luis Potosí no ha sido aislada. Desde 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, se ha trazado un camino que sirvió de inspiración en otros estados. En 2016, la Norma Oficial Mexicana 046 estableció que cualquier mujer víctima de violación podía acceder a un aborto sin necesidad de denuncia previa, obligando a las instituciones de salud a garantizar este derecho. Dos años después, la Suprema Corte reforzó esta disposición, exigiendo que las instituciones de salud atendieran sin demora casos de aborto en esas circunstancias. Esto les dio a las activistas potosinas un fuerte respaldo para exigir una ley local que estuviera en sintonía con estos avances.
Los primeros intentos en San Luis Potosí
En 2015, Arely Torres Miranda, junto con el entonces diputado Jorge Adalberto Escudero Villa, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Salud en el estado, proponiendo que el aborto fuera permitido en casos de riesgo para la salud de la mujer o cuando se detectaran malformaciones graves en el feto. Sin embargo, el Congreso local rechazó la propuesta. La frustración no detuvo a las activistas, quienes siguieron adelante, conscientes de que la lucha sería larga.
Cuatro años después, en 2019, con el apoyo de la diputada Alejandra Valdés Martínez y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Arely Torres impulsó una nueva iniciativa para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas. Pero una vez más, el Congreso negó la propuesta, incluso cuando otros legisladores del partido Morena y la activista Urenda Queletzú Navarro también habían respaldado esta causa.
El impulso de Marea Verde y Colectiva ILE
En 2023, Marea Verde San Luis Potosí dio un paso crucial al presentar una iniciativa ciudadana en el Congreso para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal y despenalizar el aborto. Con una mezcla de determinación y esperanza, las activistas acudieron a la Oficialía de Partes, pidiendo a los legisladores que entendieran esta propuesta desde una perspectiva de derechos humanos.
Ese mismo año, el Colectivo ILE también entregó una iniciativa ciudadana similar. Su propuesta incluía la reforma del Código Penal y la Ley de Salud del Estado, buscando que el aborto fuera accesible de manera gratuita y en condiciones seguras. Querían, además, asegurar que las mujeres que se sometieran a un aborto recibieran servicios de salud sexual y reproductiva como parte de un enfoque integral de atención.
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La victoria en 2024: Un paso histórico para San Luis Potosí
Finalmente, en septiembre de 2024, la Colectiva ILE y el Colectivo Praxis Combativa lograron lo que por años parecía inalcanzable: un fallo judicial que ordenó la despenalización del aborto en San Luis Potosí. La sentencia de amparo obligó al Congreso del Estado a derogar las leyes que criminalizaban la interrupción del embarazo, marcando un hito en la historia del estado y estableciendo que este derecho ya no depende de la voluntad política, sino de una obligación legal.
Lo que resultó que en noviembre de este año El Congreso estatal aprobó este jueves la despenalización del aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación.
Alcanzar el Triunfo de la autonomía corporal, un camino de resistencia
En este sentido, San Luis Potosí ha sido testigo de una intensa y persistente lucha feminista que avanza hacia la autonomía corporal de las mujeres. Urenda Queletzú Navarro Sánchez, académica de la UASLP e investigadora en perspectiva de género, es una de las voces que han acompañado este camino. En entrevista para El Sol de San Luis, Navarro Sánchez reflexionó sobre el trayecto colectivo hacia la despenalización del aborto, marcado por la constancia y el esfuerzo de muchas mujeres desde distintos espacios.
“Desde hace años comenzamos a discutir la despenalización del aborto en San Luis Potosí”, recuerda Navarro. “Fue en 2015 cuando Arely Torres presentó una reforma a la Ley Estatal de Salud para que se aplicara la NOM-046 y se establecieran protocolos para prevenir embarazos no deseados en casos de violencia. Sin embargo, aunque hubo quienes apoyaron, la propuesta no prosperó”, explica, rememorando los primeros obstáculos en un proceso que aún tenía mucho camino por delante.
En 2018, Navarro y otras académicas feministas, como Sofía Córdoba, firmaron una iniciativa de reforma constitucional y al Código Penal para garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Esta reforma buscaba cambiar la Constitución local, que en aquel entonces protegía la vida desde la concepción, un candado que había impuesto el Partido Acción Nacional. “En esa legislatura, quienes defendíamos los derechos reproductivos éramos una minoría, y las iniciativas progresistas solían perder fuerza ante las bancadas conservadoras”, comparte.
A pesar de los desafíos, el impulso de la iniciativa creció cuando el diputado Pedro Carrizales, “El Mijis”, y la diputada Marite Hernández organizaron foros públicos. “Aunque Marite estuvo siempre al pie del cañón, la falta de apoyo constante dificultaba el avance”, dice Navarro, destacando la importancia de contar con representantes comprometidos en el Congreso.
En esta nueva legislatura; sin embargo, el panorama ha cambiado. La llegada de diputadas jóvenes comprometidas con una agenda de derechos reproductivos, como Gabriela Torres, Roxana Hernández y la experimentada diputada Dulcelina Sánchez, ha significado un cambio. “Ahora vemos un respaldo más sólido y un compromiso claro en torno al derecho a decidir. Hay una bancada de izquierda que respalda nuestra lucha sin temores”, comenta Navarro. Este respaldo coincide con un cambio en la postura gubernamental, algo que antes limitaba la posibilidad de debate.
Navarro reconoce que, en años anteriores, propuestas como la castración química para violadores desviaban la atención del verdadero objetivo. En cambio, ahora la agenda se ha centrado en la autonomía de las mujeres. En 2018; además, de la vía legislativa, se impulsó una estrategia jurídica desde la Clínica de Litigio Estratégico, con amparos y alianzas con organizaciones como GIRE, que finalmente lograron avances importantes en favor de la despenalización.
Para Urenda Queletzú, el logro reciente en San Luis Potosí es solo un paso en una lucha que sigue. Aún quedan pendientes reformas constitucionales y cambios en la Ley de Salud, necesarios para que las mujeres puedan recibir atención médica adecuada en el sistema de salud pública en caso de un embarazo no deseado. “Lo que hemos alcanzado es fruto de una lucha histórica de muchas mujeres, de quienes reivindicamos el derecho a decidir”, concluye Navarro.
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