Denuncian proceso interno amañado en CEDH

Se ha "ensuciado" el proceso de elección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde todo apunta a que se pretende favorecer a personas allegadas a funcionarios o políticos, denunciaron integrantes de la asociación Cambio por San Luis.

Luego de las entrevistas realizadas por el Congreso a las aspirantes a la presidencia de la CEDH y consejerías del organismo autónomo, Irma Rojas Domínguez, integrante de Cambio por San Luis, informó que la asociación recibió un comunicado de diferentes colectivos que alertan sobre irregularidades en el proceso.

Mostró una copia de un documento firmado por el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda para dar su respaldo a María Guadalupe Mendiola Acosta, quien se desempeña como consejera de la CEDH; otro caso es el de la hija de una diputada federal por el PRD, que además de dicho nexo familiar, se desempeña como funcionaria al trabajar en la Fiscalía General; uno más es el del hijo de un ex presidente de la CEDH, quien pretende una consejería y fue detenido este miércoles por portar armas sin permiso.

Claudia Estela Maya Méndez, también integrante de Cambio por San Luis, dio lectura al comunicado de los colectivos, en el cual se pide al Congreso un proceso transparente, en apego a la legalidad y la democracia; y se solicita a la contraloría de la Comisión Estatal de Búsqueda, iniciar una investigación por la intervención del encargado de despacho en el proceso.

Rojas Domínguez aclaró que la asociación no apoya ninguna candidatura en especial, sin embargo "no nos gustaría que elijan a alguien que nada más ha estado detrás de un escritorio y no se ha ido a trabajado de campo para ver cómo son violados los derechos humanos", o que pretenda defender los intereses y privilegios de políticos y grupos de poder.

Destacó que entre los aspirantes a las consejerías y presidencia de la CEDH, hay perfiles valiosos que cumplen con los requisitos de no estar ligados a partidos políticos, que no han sido funcionarios públicos, y que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos, por lo que llamó al Congreso a tomarlos en cuenta, y advirtió que en caso de ser necesario, se podría impugnar el proceso.