Habitantes de la Comunidad de Peotillos, del municipio de Villa de Hidalgo del estado de San Luis Potosí, se manifestaron la mañana este lunes afuera de la Fiscalía General de la República, para dar seguimiento a una serie de denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Agua y la Fiscalía General del Estado por la perforación ilegal de siete pozos de agua en esta comunidad.
Así lo señaló Fernández Vázquez Palomo, uno de los habitantes afectados, quien también informó que los empresarios que llevaron a cabo estas perforaciones, también realizaron la venta ilegal de este recurso natural.
“Es un problema que tiene mucho, acudimos a la CONAGUA, para denunciar la perforación ilegal de pozos de agua profundos en la comunidad, ya que no hay permisos y además quienes perforaron venden el agua a través de camiones cisternas”.
Además de esto, las y los afectados detallaron que las empresas que realizaron un total de siete pozos sin permiso, sin estudios hidrológicos y sin solicitud de concesión de aguas subterráneas.
“Son siete pozos profundos que se hicieron allá en Peotillos, y el agua que es extraída ilegalmente la están vendiendo las personas y están comercializando el agua sin tener la autorización por parte de CONAGUA, no tienen una concesión”.
En este sentido las y los habitantes de esta comunidad realizaron lo conducente ante las autoridades respectivas, quienes les indicaron que también sería necesario realizar la denuncia correspondiente ante la FGE, pues al tratarse de infraestructura hidráulica en zonas federales, se está cometiendo un delito por apropiación ilegal del agua.
“Entonces venimos aquí a la FGR para dar seguimiento al proceso de denuncia, porque además estas perforaciones, han afectado también el suministro de agua en Peotillos que solo cuenta con un pozo de agua para poder abastecer a un total de 7 mil habitantes“.
Los habitantes también señalaron que pese a las denuncias, hoy día un total de 80 pipas de agua diarias visitan estos siete pozos para extraer el vital líquido, por ello su necesidad de que esta problemática ya sea atendida por autoridades de justicia federales.
“Las autoridades estatales como la Fiscalía General del Estado, turnaron la carpeta también a la FGR, entonces como afectados tenemos que dar seguimiento”.