Autoridades ejidales del ejido Progreso en la Zona Media, denunciaron un intento de despojo por parte de particulares, en afectación a 650 ejidatarios.

Las autoridades ejidales y acreditadas del Ejido Progreso en Rioverde, Víctor Miranda, Adrián Gudiño y Nereyda Martínez, denunciaron que una familia pretende despojarlos de 20 mil hectáreas pertenecientes al ejido, mismas que son utilizadas para ganadería de especies menores y agricultura diversa.

Explicaron que la familia en cuestión inició un juicio sucesorio intestamentario a través del cual se adjudicaron 20 mil hectáreas del ejido Progreso, otros ejidos circunvecinos y la zona urbana, bajo el argumento de que existía un contrato de compra venta.

Acusaron que la familia no ha comprobado la legalidad de dicho documento y por lo mismo acusan que pudiera carecer de validez oficial, sin embargo son apoyados por políticos de la región, por lo que consideran que el proceso legal llevado a cabo en juzgados del Fuero Común ha sido ventajoso y amañado.

Los representantes legales del ejido Progreso, señalaron que la familia litigante “intenta sorprender y confundir” a ejidatarios, campesinos y residentes de la zona, así como a las autoridades de juzgados federales, queriendo justificar que solamente están recuperando cascos de hacienda sin afectar al campo productivo, situación que calificaron como falsa, toda vez que Progreso solo tiene por dotación aproximadamente 14 mil hectáreas.

Declararon que los actos que realizan como representantes del núcleo ejidal Progreso, son auténticos y apegados a Derecho en defensa de su dotación presidencial, añadieron que como grupo ejidal unido trabajarán para salvaguardar el patrimonio de los 650 ejidatarios y sus familias, a la vez se mantendrá la defensa legal y honesta de sus tierras.

Lo anterior a pesar de que existe la amenaza de generar violencia en contra de las autoridades ejidales y su asesora derivado de las constantes amenazas que realiza la familia en contra de quien se oponga a su intención de despojo, por tal efecto hacen responsable a la familia Jordan Gerardo de cualquier acción criminal que pueda surgir en la región en contra de quien defiende el patrimonio ejidal de Progreso.