Tres años después de haber denunciado acoso laboral y sexual por parte de su jefe, Adriana finalmente comienza a ver que inicia el camino de la justicia con la emisión de una Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que valida las agresiones de que fue víctima.
En mayo de 2016 comenzó el calvario de Adriana en su trabajo, pues su jefe en la Unidad de Armamento de la Dirección de Prevención y Reinserción Social comenzó a ejercer acoso laboral y sexual hacia su persona, “siempre cuestionaba mi trabajo y la forma en que me relacionaba con mis compañeros y hasta cómo me vestía”.
El trato hostil de su jefe era contradictorio, pues por un lado descalificaba el trabajo de Adriana frente a sus compañeros, “les decía que no servía”, y por otra parte, la llamaba constantemente a su oficina, “me hacía preguntas personales de mi vida privada, de mi familia y de mi relación con mi esposo, junto con ello hacía referencia a mi arreglo personal, a cómo me pintaba, cómo caminaba, qué ropa se me veía mejor”.
Frente a sus compañeros, le hacía piropos que cada vez eran más constantes e intimidatorios, “intentó tocarme, sus palabras y trato cada vez eran más soeces”, además la amenazaba diciéndole que la podía dejar sin empleo ya que tenía una amistad cercana con el entonces director de Prevención y Readaptación Social, Alejandro Barrera Genchi.
Esta situación comenzó a causar estragos en la salud de Adriana, quien a pesar de todo tomó la decisión de presentar la queja en contra de su jefe, misma que llegó a oídos de Barrera Genchi, “me mandó llamar y me regañó, me acusó de ser mentirosa, que tenía que pedir una disculpa a mi agresor y que había procedido muy mal, que debía haberlo arreglado con una conciliación interna”.
La queja de Adriana fue ventilada entre sus compañeros, de modo que todos se enteraron de un asunto que era personal y comenzaron a juzgarla y señalarla; no conforme con ello, se le pidió firmar una carta que “decía que estaba trastornada o que consumía drogas y que yo sólo buscaba exhibirlos a todos, a lo cual me negué rotundamente”.
Adriana se enfrentó a otra problemática al buscar justicia, pues en primera instancia la CEDH resolvió su caso con una propuesta de conciliación, que además de estar fuera de procedimiento, fue desdeñada por la Dirección de Prevención, por lo que su abogada solicitó la reapertura del expediente y finalmente el viernes pasado se emitió la Recomendación 03/2019 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Celia García Valdivieso, abogada de Adriana, pidió que haya justicia, verdad y reparación del daño para su representada, quien destacó, sigue en condición de víctima, por lo que debe contar con protección del Estado. En ese sentido, manifestó que si algo llega a sucederle a Adriana, a su familia o su representación legal, será atribuido a esta denuncia pública que se hace para que se dé cumplimiento a la Recomendación.
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