El nuevo dirigente del PRD en la Capital y ex secretario del ayuntamiento de la Capital Ernesto Barajas Abrego, afirmó que el edil capitalino Xavier Nava Palacios violó la ley al nombrar nuevo encargado del Instituto Municipal de Planeación y destituir a quien debió permanecer en el cargo hasta finales del año próximo.

“Incurrió en delitos penales al ordenar desalojar por la fuerza a las autoridades que de manera legítima estaban a cargo del IMPLAN, y ante eso los regidores del PRD estará interponiendo las demandas correspondientes”, advirtió.

“Vamos a presentar en tribunales las demandas correspondientes, para nulificar todas las actuaciones de quien acaban de imponer como director de ese Instituto”, anunció al referirse a Fernando Torre Silva, “quien de manera irregular fue nombrado en tal cargo, en sustitución de Alfonso Díaz de León Guillén”.

El dirigente partidista expuso que “la autoridad que deberá conocer de estos delitos es la Fiscalía Especializada de Servidores públicos, dado que existen motivos suficientemente concretos para establecer las responsabilidades penales, primero del alcalde, quien participó en estas solicitudes de cambio de funcionario”.

“Recordemos que ya no hay fuero para los presidentes municipales, y que todos los actos que coincidan en situaciones ilícitas, deberán de responder por ellos”.

De la misma manera, dijo, se informará a toda la ciudadanía y a los organismos que de una u otra manera tienen relación con tal instancia, que todos los acuerdos, acciones y determinaciones que se tomen ahí carecen desde este momento de legalidad, y serán nulos.

“Advertimos a la ciudadanía, a los colegios, y a toda la población en general que lo que emita el IMPLAN a partir de este momento y en adelante, carecerá de validez y será de nulo derecho por haberse nombrado a un director sin ningún tipo de facultades”, remarcó Barajas Ábrego.

Detalló que por decreto y reglamento que le da vida al IMPLAN, este organismo tiene un director que trasciende las administraciones públicas, y que de ninguna manera está sujeto a vaivenes políticos o a intereses de quien llegue a ocupar la presidencia municipal.

Explicó así que el titular de la citada dependencia debe tener por ley un periodo de tres años al frente del cargo, y que en este caso correspondió año y medio con el anterior Ayuntamiento, y el resto sería ya con las nuevas autoridades.