Delitos contra migrantes quedan en la impunidad

Hay impunidad frente a los delitos que se cometen en contra de migrantes, reconoció Marden Nelson Avelar Rivera, subdirector del Centro Potosino de Estudios Migratorios A.C.

El investigador informó que durante 2018 el Centro Potosino de Estudios Migratorios atendió mil 300 denuncias de migrantes, quienes fueron víctima de diversos delitos, entre los que figuran: el robo calificado, lesiones, secuestro, y abuso de autoridad.

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Además de esto, se les dio acompañamiento para acudir ante la Fiscalía General del Estado y las comisiones de Derechos Humanos, pues denunció que si no los acompañan, “no les toman las declaraciones o no les hacen valer sus derechos”.

Reconoció que a pesar de que se presentan las denuncias formales, son pocas las que tienen sentencia, pues explicó que, si bien hay migrantes que se quedan en la entidad potosina para dar seguimiento a su denuncia, hay otros que después de lo que les pasó deciden ser repatriados, o algunos otros que, al ver la inseguridad que hay, prefieren seguir su camino, “no se quedan a que se les haga la reparación del daño y se les garantice el acceso a la justicia”.

Denunció que, además, se han documentado casos en los que se han hecho detenciones arbitrarias, en las que incluso las autoridades han llegado a los domicilios de migrantes ya establecidos en la ciudad que están en espera de recibir sus documentos como refugiados, y aún así son detenidos porque no se revisa su condición migratoria.

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Avelar Rivera manifestó que: “ tenemos evidencia que policías municipales han agredido, ofendido, robado, incluso han golpeado a migrantes”, a lo que ahora se suma el hecho de que hay despachadores de las centrales de autobuses, que ponen a migrantes a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando les piden su identificación y detectan que se trata de un extranjero, por lo que reprochó que hay un retroceso en el respeto a los derechos humanos.

Debido a ello, hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, para presionar a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos.