Cada día acuden a la Ciudad Judicial alrededor de mil 500 personas, además de 848 personas que laboran en el lugar, por lo que ya se realiza el estudio necesario para reforzar la seguridad, indicó Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura.
Luego de que el 10 de julio ingresó un hombre armado a la Ciudad Judicial y disparó contra una trabajadora, Almazán Cue informó que este miércoles se realizó una prueba para medir el flujo de personas en la Ciudad Judicial y aplicar las medidas de seguridad necesarias sin afectar a los usuarios y trabajadores del Poder Judicial.
Manifestó que con esta prueba se pudo medir una afluencia de aproximadamente mil 500 personas al día, a las que se suman 848 personas que laboran en la Ciudad Judicial, de los cuales 260 ingresan por la parte posterior del edificio y el resto por el acceso principal; explicó que se tiene contemplado instalar dos arcos detectores en la entrada así como una aduana, además de que habrá otra puerta para que el personal ingrese con su gafete.
Mencionó que aún no se define el recurso que se invertirá para reforzar la seguridad, ya que depende del estudio que se realiza, por lo pronto, fueron contratados dos oficiales más para resguardar el edificio.
También precisó que el Poder Judicial sí estaba enterado de que había medidas de protección para la trabajadora que resultó herida, aunque aclaró que esas medidas no eran extensivas a su lugar de trabajo y el Consejo de la Judicatura decidió aplicarlas ahí también, “tan es así que el juzgado tenía puerta con llave, pero se rompió esa puerta”.
Almazán Cue también se refirió a las acusaciones que hizo en su contra el diputado Ricardo Villareal sobre supuesto acoso a trabajadores, y señaló que las quejas provienen de las acciones que realiza el Consejo de la Judicatura para mantener el orden, la transparencia y luchar contra la corrupción en el Poder Judicial.
Indicó que prueba del trabajo que se ha realizado, es que se han atendido más de 40 asuntos, de los cuales alrededor de 10 obedecen a posibles actos de corrupción, y se han aplicado suspensiones e incluso ceses después de realizar el procedimiento correspondiente, en donde los acusados también son escuchados por el Consejo de la Judicatura, “no son decisiones unilaterales, son colegiadas”.
