El pasado gobierno estatal erogó 24 millones de pesos, emanados del Gobierno Federal, para atender 20 medidas dictadas por violencia de género, después de cuatro años, de las 20 solo dos aparecen como cumplidas, cinco en proceso, nueve parcialmente cumplidas y cuatro no cumplidas.
Lo anterior se informó este miércoles en la XLIII Reunión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM).
Ahí se precisó que del año 2018 al 2021, el anterior gobierno erogó 24 millones de pesos, que el Gobierno Federal otorgó para que se atendieran 20 medidas dictadas, derivadas de la citada declaratoria, en seis municipios de la Entidad.
Luego de erogar la cantidad señalada y después de cuatro años de trabajo en la atención de las 20 medidas dictadas, sólo aparecen dos cumplidas, cinco en proceso, nueve parcialmente cumplidas y cuatro no cumplidas; “esto configura una omisión más de la herencia maldita, con el agravante que esa indolencia ha ido en demérito de la tranquilidad, la seguridad y hasta de la vida de muchas potosinas que en ese lapso han sido víctimas de violencia”.
Ante esto, en la reunión fueron trazadas las líneas para el cumplimento cabal de las acciones dictadas por el Gobierno Federal a través de un trabajo interinstitucional, en el cual ahora sí el Gobierno estatal y los ayuntamientos con la Alerta -San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Rioverde, Ciudad valles y Tamazunchale- tendrán que hacer su parte, ya que habrá un seguimiento puntual del cumplimiento debido de responsabilidades.
En la reunión de trabajo efectuada en el patio central del IMES participaron su titular, Marcela García Vázquez, junto a las y los titulares de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el DIF Estatal, los Servicios de Salud, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Regional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; además, las organizaciones civiles Otra Oportunidad y Lúminas Centro de Derechos Humanos, A.C.
