Luego de muchos esfuerzos y gestiones, y de la existencia de 117 concesiones mineras en el territorio, finalmente, el municipio de Guadalcázar fue declarado como Municipio Libre de Minería Metálica, mediante decreto publicado en la Edición Extraordinaria del “Plan de San Luis”, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 9 de abril del 2019, Año CII, Tomo I.
Al dar a conocer públicamente el decreto y celebrar la declaratoria, la Red Mexicana de Afectados por la Minería destacó los años de esfuerzos conjuntos con población y autoridades para evitar la explotación de la riqueza natural del municipio, “las empresas mineras no son bienvenidas en Guadalcazar”.
En coordinación con la Iglesia Diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), y personas solidarias, “participamos en un ejercicio de discusión colectiva con el propósito de compartir experiencias sobre las potenciales afectaciones a la salud comunitaria”.
De igual forma, “para destacar los daños al territorio y a los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, que se imponen a partir del despojo, y que van alterando el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta región”.
Finalmente y después de años de lucha, con el decreto se formaliza la negativa de otorgar ningún tipo de permisos y/o autorizaciones para realizar actividades mineras tendentes a extraer minerales metálicos, situación “de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares”.
Cabe señalar que de acuerdo con información oficial disponible en “CartoMinMex”, la entrega de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República en Guadalcázar se ha incrementado de modo que hoy existen 117 concesiones, 46 de las cuales están canceladas y 71 continúan vigentes, más tres peticiones que se encuentran aún sin resolver.
La Red, hizo un llamado para que los núcleos agrarios, población en general y demás municipios que enfrentan problemas vinculados con el modelo extractivo en su territorio, hagan un esfuerzo por iniciar un proceso informativo que les ayude a tomar las decisiones adecuadas para su vida presente y futura.
“De tal manera que continúen respondiendo a las amenazas a nuestros territorios con fuerza social, pacífica, legal y política construyendo más territorios libres, autónomos y socioambientalmente vivos”.
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