/ martes 9 de julio de 2024

“De un plumazo”, SCJN echó abajo reforma electoral en SLP: diputada

Aprobaron un acuerdo para informar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la necesidad de que la próxima Legislatura realice una consulta en materia indígena

La diputada Bernarda Reyes Hernández dijo que “desafortunadamente en muchas ocasiones desde el escritorio se toma una determinación, un dictamen, una sentencia y esta Legislatura fue de mucho trabajo de campo, de territorio, tenemos propuestas muy sentidas, positivas, pero también hubo muchos reclamos sobre lo que se ha dejado de hacer y es ahí donde tenemos que seguir trabajando”.

Manifestó que “estamos dejando un trabajo importante, no se concluye con las actividades porque vendrán otras Legislaturas que quizás pueden perfeccionar, superar el trabajo que hemos realizado y a ese mismo nivel consideramos que también nuestros pueblos y comunidades indígenas van avanzando”.

“Un tema que a las comunidades indígenas les duele es revisar de manera jurídica, de manera política, de manera social, la transición del sistema de partidos al sistema de usos y costumbres, es un tema muy complicado que se tiene que revisar en estas tres aristas porque no solamente impacta a los pueblos y comunidades indígenas sino también a la población no indígena”, señaló.

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, aprobaron un acuerdo para informar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la necesidad de que la próxima Legislatura realice una consulta en materia indígena, en cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, donde se declara la invalidez del decreto 0392, por el que se expide la Ley Electoral del Estado.

Bernarda Reyes señaló que esta sentencia debe cumplirse en un plazo de 12 meses a partir de que concluya el proceso electoral, lo cual ocurrirá a finales de septiembre, de tal manera que de manera preventiva, de debe comunicar a la JUCOPO para que prevenga a la próxima Legislatura a fin de que lo considere en su proyección presupuestal, durante el proceso de entrega-recepción.

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“Esta legislatura ha hecho lo propio, hay una parte que la sentencia nos observa en el sentido de que no hubo traductores, y todo nuestro grupo operativo técnico fue de población indígena; hemos tratado de buscar un acercamiento con los magistrados de la Suprema Corte para que adviertan cómo es que se realiza un ejercicio de consulta y que tengan la oportunidad de conocer de viva voz y de tal manera que no de un plumazo nos borren todo el trabajo que se realiza”.

Expuso que “para hablar de un tema de esta naturaleza se tiene que hacer una planeación no solamente observando la Ley de Consulta sino observando también los derechos de las personas que no son indígenas. No llegó al Congreso pero en algún momento tendrá que debatirse en este espacio público y seguramente va a depender mucho de las inercias de los pueblos y comunidades indígenas”.

El acuerdo establece que en la referida sentencia, se advierte que la próxima Legislatura, deberá llevar a cabo el proceso de consulta indígena, conforme a los resolutivos cuarto y quinto, así como personas con discapacidad, contando un tiempo de 12 meses a partir de concluido el proceso electoral reciente.

“Quienes integramos la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura, estimamos preciso, advertir sobre la sentencia antes citada, a efecto de que se pueda dar cuenta en los procesos de entrega – recepción, a los integrantes de la Legislatura entrante, y estén en condiciones en tiempo forma, y cuenten con los elementos suficientes para cumplimentar antedicha sentencia”.

Además, ”se estima necesario informar sobre referida sentencia y sus efectos, para que se pueda valorar dejar presupuestado el recurso suficiente, para que la Legislatura entrante, pueda llevar los procesos de consulta requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas estuvieron presentes los diputados Bernarda Reyes Hernández, Miguel Angel López Salas y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

La diputada Bernarda Reyes Hernández dijo que “desafortunadamente en muchas ocasiones desde el escritorio se toma una determinación, un dictamen, una sentencia y esta Legislatura fue de mucho trabajo de campo, de territorio, tenemos propuestas muy sentidas, positivas, pero también hubo muchos reclamos sobre lo que se ha dejado de hacer y es ahí donde tenemos que seguir trabajando”.

Manifestó que “estamos dejando un trabajo importante, no se concluye con las actividades porque vendrán otras Legislaturas que quizás pueden perfeccionar, superar el trabajo que hemos realizado y a ese mismo nivel consideramos que también nuestros pueblos y comunidades indígenas van avanzando”.

“Un tema que a las comunidades indígenas les duele es revisar de manera jurídica, de manera política, de manera social, la transición del sistema de partidos al sistema de usos y costumbres, es un tema muy complicado que se tiene que revisar en estas tres aristas porque no solamente impacta a los pueblos y comunidades indígenas sino también a la población no indígena”, señaló.

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, aprobaron un acuerdo para informar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la necesidad de que la próxima Legislatura realice una consulta en materia indígena, en cumplimiento a la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, donde se declara la invalidez del decreto 0392, por el que se expide la Ley Electoral del Estado.

Bernarda Reyes señaló que esta sentencia debe cumplirse en un plazo de 12 meses a partir de que concluya el proceso electoral, lo cual ocurrirá a finales de septiembre, de tal manera que de manera preventiva, de debe comunicar a la JUCOPO para que prevenga a la próxima Legislatura a fin de que lo considere en su proyección presupuestal, durante el proceso de entrega-recepción.

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“Esta legislatura ha hecho lo propio, hay una parte que la sentencia nos observa en el sentido de que no hubo traductores, y todo nuestro grupo operativo técnico fue de población indígena; hemos tratado de buscar un acercamiento con los magistrados de la Suprema Corte para que adviertan cómo es que se realiza un ejercicio de consulta y que tengan la oportunidad de conocer de viva voz y de tal manera que no de un plumazo nos borren todo el trabajo que se realiza”.

Expuso que “para hablar de un tema de esta naturaleza se tiene que hacer una planeación no solamente observando la Ley de Consulta sino observando también los derechos de las personas que no son indígenas. No llegó al Congreso pero en algún momento tendrá que debatirse en este espacio público y seguramente va a depender mucho de las inercias de los pueblos y comunidades indígenas”.

El acuerdo establece que en la referida sentencia, se advierte que la próxima Legislatura, deberá llevar a cabo el proceso de consulta indígena, conforme a los resolutivos cuarto y quinto, así como personas con discapacidad, contando un tiempo de 12 meses a partir de concluido el proceso electoral reciente.

“Quienes integramos la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura, estimamos preciso, advertir sobre la sentencia antes citada, a efecto de que se pueda dar cuenta en los procesos de entrega – recepción, a los integrantes de la Legislatura entrante, y estén en condiciones en tiempo forma, y cuenten con los elementos suficientes para cumplimentar antedicha sentencia”.

Además, ”se estima necesario informar sobre referida sentencia y sus efectos, para que se pueda valorar dejar presupuestado el recurso suficiente, para que la Legislatura entrante, pueda llevar los procesos de consulta requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Indígenas estuvieron presentes los diputados Bernarda Reyes Hernández, Miguel Angel López Salas y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

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