La sanción impuesta por la Contraloría interna del Ayuntamiento a cuatro ex funcionarios, "es una sanción demasiado light, que ni siquiera a tibia llega", señaló Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, uno de los jóvenes que perdieron la vid en el antro Rich.
Este martes la Contraloría interna del Ayuntamiento capitalino informó que impuso una sanción de inhabilitación de 6 a 12 meses a cuatro ex funcionarios de la Dirección de Comercio debido al accidente ocurrido el 7 de junio en el antro Rich, donde se venció un barandal y una docena de jóvenes cayeron al vacío, dos de los cuales perdieron la vida.
Al respecto, Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro, indicó que ya se esperaba esta sanción "muy de cuates", en referencia a que fue muy laxa a comparación al daño que generó la omisión y corrupción en que incurrieron los ex funcionarios municipales.
Mencionó que además, "también lo que llama mucho la atención es la falta de estructuración que tienen estas sanciones desde el punto de vista legal, cuenta con demasiadas inconsistencias".
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Aunado a que llama la atención que desde el inicio de la investigación, la Contraloría dejó a otros funcionarios que también tenían responsabilidad en torno a la vigilancia al establecimiento: Daniel Hernández, director interino de Protección Civil "quien debió haber prevenido el incidente y revisar el lugar", así como Juan Antonio Villa, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, "que al ver la magnitud del evento debió haber resguardado el lugar".
Otro más sería Francisco Juárez, quien al momento de lo ocurrido se desempeñaba como director interino de Comercio, "él sabía de antemano que habría un evento de esa magnitud, él recibió unos pases por parte de los propietarios del antro para que asistiera su hija con un grupo de amigos, así como una cortesía en el servicio, entonces tenía total conocimiento de que el evento sería de gran magnitud y fue omiso, cometiendo un acto terrible de omisión donde expuso a los jóvenes que asistieron al evento".