San Luis Potosí se ubica en cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a personas mayores de 18 años que han sido víctima de corrupción, y aunque en el caso de las empresas se ubica en el lugar 19, también muestra una tendencia a la alza con respecto a 2013.
Este 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, por lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer datos respecto a este delito, que reflejan que la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013, a 14.6% de la población en 2017, lo que se traduce en que 5.2 millones de personas que tuvieron contacto con algún servidor público fueron víctima de corrupción.
Respecto a los estados del país en donde hubo más personas víctimas de un acto de corrupción, señala que la Ciudad de México se ubicó en primer lugar con un 20.1%, y la entidad potosina se ubicó en el cuarto lugar con un 16.7%.
En cuanto a empresas víctimas de corrupción, revela que 247 mil 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017, y pese a que San Luis Potosí se ubica en el lugar 19 en prevalencia, está entre los estados donde hubo un aumento en el número de unidades económicas víctima de corrupción con respecto a 2013, al llegar a un 3.2%.
De manera general se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal.
Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 2017.
Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de mil 612 millones de pesos en 2016; pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es significativamente mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.
La corrupción es un acto que en México no se denuncia. En 2017, solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de corrupción presentó una denuncia ante alguna autoridad, mientras que el 82.6% no denunció, cerca de la mitad no lo hizo porque consideró que era una acción inútil o una pérdida de tiempo, mientras que 15.1% no denunció porque se benefició del acto y 13.6% porque consideró que es una práctica común.