Durante el año pasado, la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) atendió 12 casos de abuelos o tíos que pedían la custodia legal de niños que habían quedado en orfandad, informó Pablo Aurelio Loredo Oyarvidez, titular de la dependencia.
El funcionario indicó que a la PPNNA han sido canalizados casos por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de personas que requieren realizar un trámite de guarda y custodia de niños que han perdido a uno o ambos padres, y también atiende casos en los que las personas interesadas se acercan directamente a la institución, por lo que durante el año pasado se tuvieron 12 situaciones de este tipo.
Mencionó que uno de esos casos es respecto a niños que quedaron en orfandad porque su madre fue víctima de feminicidio, mientras que el resto obedece a otro tipo de hechos en los que uno o ambos padres perdieron la vida y los abuelos o tíos del menor buscan tramitar la guarda y custodia, “la ley ya prevé que cuando hay ausencia de los padres, quien debe ejercer la patria potestad son los abuelos”.
Señaló que se puede deducir que no hay niños hijos de víctimas de feminicidio que no se encuentren ahora en custodia de algún familiar, “porque la autoridad ministerial, las policías municipales o los DIF municipales hubieran puesto a disposición (de la PPNNA) a los niños”, lo cual no ha ocurrido.
Loredo Oyarvidez explicó que en caso de que haya una disputa entre abuelos paternos y maternos por los menores, el juez es quien valora a quién se le da la custodia, sin embargo precisó que hasta el momento no se han tenido ese tipo de conflictos, “entre familiares se han puesto de acuerdo para cuidar a estos niños”.
Al no existir disputa legal, el trámite para obtener la custodia legal de los menores tarda entre dos y tres meses, “además la custodia provisional es inmediata, en cuanto se presenta el documento en cuestión de semanas el juez determina una custodia provisional”.
Finalmente, indicó que en general los familiares se acercan a regularizar la situación de los menores para poder darlos de alta en algún sistema de seguridad social y sobre todo, para tener un respaldo legal respecto a la custodia de los niños.