El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, admitió que la crisis hídrica que hoy se vive en la zona metropolitana podría extenderse hasta un año, pero que hay las condiciones para enfrentarla.
Dijo que el plan dispuesto para el abasto de agua en aquellas zonas afectadas por la salida de operación de la presa de El Realito ha funcionado; insistió en que cada semana se hará una evaluación y se realizarán ajustes conforme lo requiera la población.
Recordó que la Comisión Nacional del Agua estimó que la reparación de la cortina de la presa tardaría al menos ocho meses, y esos trabajos están proyectados a iniciar en agosto próximo, pero también hay que sumar el tiempo que transcurrirá para el llenado del embalse, si es que llueve.
“El ojo del debate no está aquí, sino en El Realito; si llueve pero el ducto está dañado no habrá agua, si no se arregla todo en conjunto puede durar la crisis más de un año”, aseveró.
Anunció que, además de buscar que hoteleros conviertan sus establecimientos hoteles hidrosustentables, también se contacta a clubes deportivos, parques acuáticos, a negocios de lavado de automóviles y otros para que se sensibilicen y optimicen el recurso hídrico que utilizan.
Adelantó que, a través del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, desplegará una nueva política con los citados establecimientos de servicios, muchos de los cuales no pagan ni las descargas ni el tratamiento, algunos tienen pozos propios pero “tienen que solidarse con la ciudad”.
MUNICIPALIZACIÓN DE POZOS “CON MUCHO CUIDADO JURÍDICO”
Con respecto a la municipalización de la delegación de Villa de Pozos, Galindo Ceballos señaló que es un tema que continúa siendo de su interés, pero recomendó que todo el proceso se analice y realice con detenimiento.
“Sigo haciendo la respetuosa recomendación a todos, al Ceepac, al INE, que lo hagamos con mucho cuidado jurídico; Villa de Pozos y su gente han sufrido o mucho porque a la mitad de camino se han caído los procesos por falta de cuidado jurídico”, aseveró.
Señaló que al Ayuntamiento se le solicitó en un estudio técnico que está en proceso, y se lleva a cabo dentro de esa pulcritud jurídica “para que nuestra opinión no afecte el destino final de ese trámite”.