El ex secretario de gobierno y diputado del PRI Alejandro Leal Tovías aseguró que en municipios de San Luis Potosí hay rutas de paso de migrantes que son controladas por el crimen organizado en evidente complicidad con autoridades de diversos niveles, en un negocio ilegal que deja ganancias millonarias.
“Es un tema territorial donde quien no paga no pasa, ponen filtros en toda la ruta, bajan por Ciudad Valles, siguen por Rioverde, El Naranjo y cruzan a Nuevo León, por ello, con el rescate de los más de 100 migrantes secuestrados en Matehuala, es momento de poner atención a este grave problema”, señaló.
Reconoció que el principal problema de este tipo de delitos es la corrupción y la impunidad, situaciones que involucran a todo tipo de autoridades pues incluso en Estados Unidos se descubrió recientemente a una red de funcionarios que participan en el tráfico de indocumentados, en el lado americano.
El gobierno federal debe atender el foco rojo que significa la migración y reestructurar sus políticas públicas, ante la evidente presencia del crimen organizado que controla esta actividad en varios estados del país que son paso obligatorio de estas personas rumbo a los Estados Unidos.
El secretario de la comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, aseguró que los refugios deben ser lugares de protección pero no es así, funcionan como centros de detención, con celdas y eso es una ilegalidad a todas luces.
“Es increíble que el director general del Instituto Nacional de Migración sea un especialista en cárceles y los delegados en los estados sean ex militares, que lo indica que no hay sensibilidad, se tienen perfiles totalmente diferentes a lo que se necesita y ojalá en realidad haya voluntad de modificar el Instituto Nacional de Migración”.
Dijo el legislador que el tema de los migrantes que provienen de países del sur de México corresponde en su regulación al Gobierno Federal, no a los estados o municipios, “una policía local no los puede asegurar sino agentes de Migración, los protocolos y actuación tienen una regulación legal”.
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