Los años 2018 y 2019 fueron decisivos en el tema de transparencia para San Luis Potosí, con ello, todo está listo para una entrega-recepción sana.
Así lo consideró el titular de la Contraloría General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quién advirtió que la dependencia es ajena a los señalamientos por pagos a una empresa para tal fin.
El funcionario estatal refirió que durante 2018 y 2019 fue revisada y mejorada la nueva Ley de Entrega-Recepción, “dimos marcha los Comités de Control y Desempeño Institucional en las distintas dependencias y entidades, así como a los Programas de Control Interno y Administración de Riesgos”.
A la par de ello, dijo, fue publicado el Acuerdo Administrativo por el que se expide el “Manual Técnico y de Procedimientos para la regulación de los procesos de Entrega Recepción”.
Aclaró que aunque está previsto en la Ley que la Contraloría coordine, supervise y establezca las bases para la realización de revisiones y auditorías externas –mismas que incluso son requeridas por reglas de operación de diversos fondos y programas-, “la Contraloría General del Estado es ajena a pagos y no tiene algún contrato con un despacho externo para las acciones de entrega-recepción, referidas”.
La dependencia a su cargo, indicó, contrató a la empresa citada en el 2019, para la revisión y mejora de la normatividad secundaria de entrega recepción y el desarrollo de un tablero de control para la atención de observaciones, por el orden de 300 mil pesos.
Finalmente Rosillo Iglesias añadió que el pago no fue por acciones vinculadas al proceso formal de entrega-recepción, “ya que sería demasiado prematuro tomar una determinación al respecto”, concluyó.
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