Continúa la presencia de menores de edad en el jornal agrícola del Estado, problema que las autoridades se han comprometido a revisar y atender con mayor eficacia, esto lo declaró así, Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Luego de participar en el Seminario “Marco Internacional de Empresas y Derechos Humanos en el Sector Agroalimentario y su relevancia para los gobiernos locales y municipales”, informó que la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, presentó el caso emblemático de una familia de la tribu Ñuu Saavi, de la Mixteca de Guerrero, que en 2014 se accidentó en la carretera 57 México-Piedras Negras; en el percance fallecieron tres menores y 18 personas más resultaron heridas.
De este hecho, se reveló que los menores de edad realizaban labores agrícolas en condiciones precarias. Tras el accidente y ocho años de litigio, se logró que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral concediera el amparo en favor de los trabajadores jornaleros que se accidentaron, haciéndoles acreedores a una indemnización.
Sin embargo, a pesar de los avances en la materia de vigilancia en el trabajo jornalero, siguen existiendo al menos un millón de niños jornaleros, según estimaciones de la academia, que van desde los ocho a los 14 años de edad, y de los 15 a los 18, aunque en este rango de edad ya hay una permisión legal para el trabajo.
“Lo que vemos es que hay incluso uso recurrente de menores de esa edad, con mucha frecuencia en condiciones precarias y adversas. Subsiste la presencia de menores en el jornal agrícola, y es parte de los compromisos que establecen las autoridades laborales: de hacer una vigilancia más efectiva y que los niños no trabajen, y si son acompañantes de los jornaleros deben asistir a la escuela, debe haber actividades complementarias pero no estrictamente laborales”.
Para la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP una de las instancias colaboradoras en el caso, dicha sentencia marcó un precedente jurídico en la materia, debido a la informalidad de la contratación, que hace difícil comprobar la relación laboral entre trabajadores y patrón.
El seminario fue realizado a inicios de diciembre y organizado entre la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas; el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC; Oxfam México y con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como representantes de la Pastoral Social de Matehuala, CECIG y la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP.
Tuvo como propósito, fortalecer las capacidades de funcionarios estatales sobre el marco internacional de Empresas y Derechos Humanos para garantizar el respeto de los derechos humanos en la cadena de valor del sector agroalimentario, a fin de prevenir, mitigar sus violaciones, y reparar adecuadamente en caso de que se produzcan.
.jpg "Violencia vicaria (3).jpg")
.jpg "Frente frío} (2).jpg")