/ jueves 27 de junio de 2024

Consejo Empresarial Potosino niega apoyo a la agenda de Sheinbaum

Hicieron un llamado a los diputados federales electos para que eviten votar en contra de la paz y estabilidad social y económica de nuestra nación

La postura del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en torno a la reforma al Poder Judicial y la Guardia Nacional, no representa a todo el empresariado del país, aclaró Héctor D’Argance Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Luego de que el pasado miércoles se generó un encuentro entre Claudia Sheinbaum Pardo e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de dicho organismo, Francisco Cervantes, expresó el apoyo del empresariado a las iniciativas de reforma judicial propuestas por el grupo político en el poder.

Al respecto, D’Argance Villegas destacó que el Consejo Empresarial Potosino y las cámaras empresariales y organizaciones privadas que lo conforman, no están de acuerdo con esta aseveración, dado que “esta postura no representa de ninguna manera nuestra opinión ni la de nuestros miembros”.

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En ese sentido, precisó que los integrantes del CEP no comparten la decisión de apoyar las reformas a la Constitución tal como están planteadas ante el Poder Legislativo, “consideramos que estas reformas atentan contra la autonomía de organismos cruciales como la FEPADE, el INAI, el INE y el Supremo Tribunal de Justicia”.

Agregó que tampoco consideran adecuado fortalecer al Ejército Nacional a través de la integración de la Guardia Nacional, asignándole tareas que corresponden a las policías federales, estatales y municipales.

Por lo anterior hicieron un llamado a los diputados federales electos para que eviten votar en contra de la paz y estabilidad social y económica de nuestra nación, “no se construye destruyendo; debemos mejorar la eficiencia de nuestras entidades federativas, pero siempre preservando y fortaleciendo los contrapesos que garantizan la división de poderes y la buena gobernanza con transparencia”.

Finalmente, D’Argance Villegas reafirmó el compromiso del CEP con la construcción de un país más justo y equitativo, donde las reformas se realicen con base en el consenso y el respeto a las instituciones democráticas.

La postura del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en torno a la reforma al Poder Judicial y la Guardia Nacional, no representa a todo el empresariado del país, aclaró Héctor D’Argance Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Luego de que el pasado miércoles se generó un encuentro entre Claudia Sheinbaum Pardo e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de dicho organismo, Francisco Cervantes, expresó el apoyo del empresariado a las iniciativas de reforma judicial propuestas por el grupo político en el poder.

Al respecto, D’Argance Villegas destacó que el Consejo Empresarial Potosino y las cámaras empresariales y organizaciones privadas que lo conforman, no están de acuerdo con esta aseveración, dado que “esta postura no representa de ninguna manera nuestra opinión ni la de nuestros miembros”.

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En ese sentido, precisó que los integrantes del CEP no comparten la decisión de apoyar las reformas a la Constitución tal como están planteadas ante el Poder Legislativo, “consideramos que estas reformas atentan contra la autonomía de organismos cruciales como la FEPADE, el INAI, el INE y el Supremo Tribunal de Justicia”.

Agregó que tampoco consideran adecuado fortalecer al Ejército Nacional a través de la integración de la Guardia Nacional, asignándole tareas que corresponden a las policías federales, estatales y municipales.

Por lo anterior hicieron un llamado a los diputados federales electos para que eviten votar en contra de la paz y estabilidad social y económica de nuestra nación, “no se construye destruyendo; debemos mejorar la eficiencia de nuestras entidades federativas, pero siempre preservando y fortaleciendo los contrapesos que garantizan la división de poderes y la buena gobernanza con transparencia”.

Finalmente, D’Argance Villegas reafirmó el compromiso del CEP con la construcción de un país más justo y equitativo, donde las reformas se realicen con base en el consenso y el respeto a las instituciones democráticas.

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