En la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se asumirán las Políticas Estatales Anticorrupción ya que es de obligatoriedad de todo ente público del Estado, como hasta el momento se ha venido realizando puntualmente en la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. Hay que enfilar nuestras baterías en esa dirección, sólo así recuperaremos la confianza en las instituciones, en el gobierno, en las autoridades, en los demás y en nosotros mismos.
El Congreso del Estado coadyuvará en el reforzamiento del andamiaje legal del Sistema Estatal Anticorrupción, con el respaldo al trabajo que desempeñan los titulares de instituciones claves como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, la Contraloría General del Estado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Comisión Estatal del Garantía de Acceso a la Información Pública, y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Así lo señaló la presidenta de la Directiva durante la presentación de la Política Estatal Anticorrupción que es la guía estratégica para implementar acciones efectivas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción de manera coordinada, que busca fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.
“Hay un camino largo que recorrer, y debemos acelerar el paso. Es preciso, también, fortalecer los vínculos con las organizaciones sociales. La tarea común es gigantesca. Y no corresponde únicamente a las instituciones del Estado. La lucha contra la corrupción tiene que ser la divisa social de las nuevas generaciones. Por eso necesitamos fortalecer y amplificar el Sistema Estatal Anticorrupción. La confianza no se construye de la noche a la mañana. No es un acto de magia. Es una tarea ardua, que requiere de la participación ciudadana y del gobierno”, dijo.
El surgimiento de la Política Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí despertó muchas expectativas entre los ciudadanos y el reto de entrada era demostrar que tiene las herramientas legales y que está edificando las capacidades institucionales necesarias para acometer la gigantesca tarea de combatir y controlar la corrupción, ese mal que corroe nuestras instituciones, ahonda nuestras desigualdades, erosiona el ejercicio aún incipiente de nuestros derechos humanos y daña las relaciones y la confianza entre ciudadanos y autoridades.