La inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años, una multa de 800 mil pesos y resarcimiento del daño al erario de San Martín Chalchicuautla por alrededor de 12 millones de pesos contra el ex alcalde panista Marcelino Rivera, siguen vigentes y así lo ratificó un juzgado federal.
De esta manera, al haber dos resoluciones federales que dejan en firme la resolución del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y una local del Tribunal Estatal Electoral (TEE), coloca al Congreso del Estado entre la espada y la pared, porque deberá resolver dejando de acatar una de las dos, dijo el auditor superior del estado Rodrigo Lecourtois López.
La resolución del IFSE se fundamentó con los numerales 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, notificada el 23 de mayo de 2024, derivada de actos u omisiones que implicaron lucro y causaron daños al ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, que no pudieron solventarse durante el procedimiento que ocupó el seguimiento de las observaciones derivadas de la auditoría de la cuenta pública 2013.
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Dicha resolución administrativa continúa vigente en virtud de que la misma no ha sido suspendida, modificada ni nulificada por ninguna autoridad competente, por lo que el procedimiento administrativo resulta ajeno a la determinación sobre si el aludido –Marcelino Rivera- está impedido para ejercer sus derechos electorales.
Lecourtois López señaló que las sanciones se aplicaron con la normatividad vigente de 2012, que indica que el servidor público desde el momento de ser notificado de la inhabilitación, empieza a surtir efectos legales y la resolución del Tribunal Estatal Electoral, no aborda la resolución del IFSE, no fue materia de juicio sino actos del Congreso del Estado, “seré respetuoso si una autoridad federal modifica mi resolución, lo que no ha ocurrido, al contrario”.
Rechazó que haya trasfondo político o que el IFSE sirva a intereses partidistas como lo asegura el PAN, pues el caso del ex alcalde de San Martín empezó a desarrollarse desde hace tres auditores atrás, hubo audiencias, abogados, amparos, se involucró a todo el Cabildo y funcionarios que también están inhabilitados y fue a esta administración del órgano fiscalizador, a la que le tocó aplicar la sanción por vencimiento de término.