El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado Héctor Serrano Cortés dio a conocer que el Congreso del Estado sesionará el próximo viernes 25 de Septiembre para aprobar la Ley de Ingresos del nuevo municipio de Villa de Pozos para el periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024 y dos minutas enviadas por el Senado de la República, de reforma constitucional que impactan la seguridad pública y los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

El diputado Cuauhtli Badillo presidente de la Directiva, comentó que se recibió vía institucional las minutas sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la reforma de pueblos indígenas y junto con la Junta de Coordinación Política, se aprobó el acuerdo para desahogarlas el viernes.

Enseguida, fue instalada la Comisión de Puntos Constitucionales donde se aprobaron las minutas enviadas por el Senado de la República de la reforma al artículo segundo Constitucional, que eleva a la Carta Magna el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y obliga al Estado a garantizar su cultura e identidad.

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Además de la minuta de reforma al artículo segundo Constitucional, que eleva a la Carta Magna el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y obliga al Estado a garantizar su cultura e identidad. Ambas minutas fueron turnadas al Pleno del Congreso del Estado para ser sometidas a votación en la sesión extraordinaria que se convocó para el viernes 27 de septiembre.

En primer término, se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, con la asistencia de su presidente diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, vicepresidente diputado Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario diputado Héctor Serrano Cortés, y vocales las diputadas; Jessica Gabriela López Torres, Ma. Sara Rocha Medina, y Dulcelina Sánchez De Lira.

En lo que se refiere a la reforma de la Guardia Nacional, las y los diputados destacaron que esta dictaminadora es coincidente con la Minuta Proyecto de Decreto que se analiza, ya que su fin primordial es fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos.

Se expuso que sus objetivos principales son:

1.- Adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

2.- Definir a la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública, profesional de carácter permanente, de origen y formación castrense con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

3.- Impedir servir en la Guardia Nacional hasta seis meses antes de la elección respectiva a las personas aspirantes a un cargo al Congreso de la Unión.

4.- Facultar al Poder Legislativo para expedir las disposiciones secundarias que proporcionen un pilar normativo y certeza jurídica la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada nacionales en labores de seguridad ciudadana.

5.- Facultar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Senado de la República para ratificar el nombramiento de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional que, en su caso, realice el presidente de la República.

6.- Facultar a la persona titular de la Presidencia de la República disponer de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior en caso de estimarlo necesario.

Reconocer a los miembros de la Guardia Nacional los derechos, prestaciones y seguridad social iguales a los de las Fuerzas Armadas.

7.- Sujetar a los miembros de la Guardia Nacional sólo para fines disciplinarios al fuero militar.

Incluir a la Guardia Nacional como coadyuvante en la investigación de los delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público.

Posteriormente las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura, aprobaron la minuta de la reforma al artículo segundo Constitucional, que eleva a la Carta Magna el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, donde las y los diputados coincidieron en señalar que es necesario reconocerlos como sujetos de derechos públicos con personalidad jurídica.

Se contó con la asistencia como invitados especiales del Poder Judicial del Estado (PGE) del presidente magistrado Arturo Morales Silva, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, y la Fiscal General del Estado (FGE) María Manuel García Cázares.