Será a finales de octubre cuando concluya el análisis del desempeño de los trabajadores de Gobierno contratados por honorarios y servicios profesionales, el resultado podría derivar en su liquidación.
Luego de ese estudio, a través del cual se evalúan los resultados del trabajo de ese sector, aplicaría un posible recorte que iniciaría en enero de 2021.
Así lo informó el titular de la Oficialía Mayor, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, quien argumentó que la eventual medida se establecería en el marco del fortalecimiento del plan de control de gasto.
El funcionario estatal explicó que se busca dotar de solvencia a las finanzas estatales y mantener la atención al tema de salud, en el marco de la contingencia por la pandemia de Covid-19.
La maniobra, reiteró, obedece al fortalecimiento del plan de control de gasto, instrumentado hacia el próximo ejercicio fiscal con la finalidad de incrementar la disponibilidad de recursos.
Adelantó que el personal de las áreas de salud, seguridad pública, educación, emergencia, Fiscalía General del Estado y sistema penitenciario, quedarían excluidos del eventual recorte.
Aunque no precisó la cantidad de recursos que podrían generarse en ahorros, ni el número de colaboradores susceptibles de ser dados de baja, reveló que estos representan al menos 30 por ciento de la cantidad total de trabajadores de la administración gubernamental.
El titular de la OM reiteró que la maniobra está fundamentada, en gran medida, en la necesidad de obtener recursos que permitan dar solvencia a las finanzas públicas estatales y mantener la atención prioritaria a la pandemia del Covid-19.
Finalmente, Hernández Delgadillo aclaró que será la Secretaría de Finanzas la instancia encargada de generar la viabilidad del pago de la prestación del aguinaldo a finales de este año.
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