Versiones opuestas, generan controversia en torno al acueducto de la presa La Maroma, pues mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó un supuesto acuerdo de los ejidatarios para la construcción del mismo, los ejidatarios que interpusieron amparos contra la obra y sus asesores jurídicos, denuncian acoso de la dependencia federal así como de gobierno a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

De acuerdo a la Conagua, en asamblea ejidal, los habitantes de La Presa acordaron ceder los derechos de vía para construir el ducto proveniente de La Maroma, localidad donde se construye el embalse de almacenamiento superficial.

Agrega que en dicho acuerdo, se estableció con los ejidatarios la dotación de tubería para sustituir la red de distribución de agua al ejido La Presa, compromiso que el Gobierno del Estado a través de la CEA cumplió con la adquisición y entrega al comisariado ejidal de 1,900 metros de tubería.

Sin embargo, campesinos del ejido La Presa, que han emprendido una lucha legal contra el acueducto, denunciaron que tanto ellos como sus asesores técnicos, investigadores del Programa “Agua y Sociedad” de El Colegio de San Luis, así como el equipo jurídico de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), han recibido insistentes visitas de funcionarios de la CEA y de la Conagua para forzar reuniones y acuerdos tendientes al desistimiento de su causa judicial.

Además, señalaron que esas personas han amagado con intentar cobrarles los gastos derivados del paro de las obras, ya que los campesinos han impedido el acceso de la maquinaria a sus territorios. Por lo que temen que el Gobierno del Estado o el gobierno federal pudieran intentar reprimir su movimiento para reingresar la maquinaria, “los funcionarios han anunciado que pueden llegar a las últimas consecuencias, incluido el uso de la fuerza pública”.

Cabe recordar que desde el mes pasado, los campesinos interpusieron demandas de amparo y ante tribunales agrarios para detener el proyecto de acueducto “La Maroma” porque les despojaría de sus derechos históricos sobre tierras y aguas, reconocidos en decreto presidencial de 1924 y 1955. Señalan que el proyecto busca despojarles del agua de un manantial que utilizan para riego, ganado y servicios domésticos, y en cambio sería llevado para beneficio de una zona industrial en Matehuala.

Por su parte, la Conagua informó que los derechos del usufructo de aguas broncas y el suministro por usos y costumbres de aguas mansas están a salvo y son respetados para cada una de las localidades de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala.

De acuerdo a la dependencia federal, el decreto presidencial de 1955 determina el usufructo de aguas broncas por un volumen de hasta 7 millones de metros cúbicos al ejido La Presa, además, a la localidad La Presa por usos y costumbres se les suministra caudal de aguas mansas, proveniente de los manantiales, un día a la semana.