La Fiscalía General de Estado del Estado (FGESLP) y el Poder Judicial de San Luis Potosí, firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto la “Plataforma Estratégica Interinstitucional de Justicia Penal”, como una herramienta de enlace para agilizar los trámites de solicitud de órdenes de aprehensión y de cateos, entre ambas instancias.

Con la presencia de Federico Garza Herrera, Fiscal General del Estado y Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, se realizó la firma de dicho convenio.

Garza Herrera indicó que es un avance significativo y de mucha utilidad el que Agentes del Ministerio Público y Jueces tengan con esta plataforma una comunicación más efectiva para darle trámite a los mandatos judiciales que se requieran dentro de las investigaciones, con lo que se agilizarán los procedimientos legales de la población usuaria.

Señaló que es un gran logro, y agradeció la apertura del Poder Judicial, con lo que se hará más profesional la labor de los fiscales, pues ahora con la tecnología se va a permitir al Juez analizar en línea esas peticiones, además de que se verificará que cumplan con todos los requisitos que marca la ley, haciendo incluso más transparente estas acciones.

Por su parte, Almazán Cue también celebró esta labor interinstitucional y dijo que habrá muchos beneficios para las partes involucradas, pues las solicitudes de cateos y órdenes de aprehensión se continuarán haciendo de forma presencial en los horarios establecidos, y después de esos horarios, incluidos fines de semana y días festivos, se realizarán a través de la plataforma, que hará más seguros, sin contratiempos y rápidos estos trámites.

El sistema informático facilitará la función de los servidores públicos en los casos que se decrete la judicialización de las carpetas de investigación; permitirá el registro y control de usuarios, a quienes se les asignarán claves para la atención de solicitudes.

El Poder Judicial una vez que tenga la solicitud de audiencia por parte de la Fiscalía, procederá a la asignación de fecha y hora para su celebración, en los casos que resulte procedente, dentro de los términos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, efectuado las notificaciones de manera electrónica para su seguimiento.