Organizaciones civiles y educativas, presentaron dos demandas de amparo indirecto para combatir la fracción de la Constitución Política del estado que “protege la vida desde su concepción” y otra fracción del Código Penal correspondiente al delito de aborto por ser contrarias al bloque de constitucionalidad.

Este viernes, Zamira Silva Ramos de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, Fátima Alvizo de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), y Mariana Prieto de la Colectiva La Castilla Combativa, informaron que estas organizaciones y otras más, presentaron dos demandas de amparo indirecto para conseguir el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres en el Estado.

Con estos amparos se busca combatir la fracción de la Constitución Política del estado que “protege la vida desde su concepción” y otra fracción del Código Penal correspondiente al delito de aborto, mismas que calificaron como contrarias al bloque de constitucionalidad.

Fátima Alvizo destacó la necesidad de que se hagan estas modificaciones en las leyes locales debido a la criminalización que sufren las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, además de las consecuencias fatales que tienen los abortos clandestinos, por lo que se dijo confiada en el Poder Judicial de la federación, conceda los amparos.

Adelantaron que en caso de que los jueces de distrito nieguen el amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá conocer de la revisión de dicha sentencia, con ello buscarán la declaratoria general de inconstitucionalidad que obligaría al Congreso del Estado a modificar esta parte del marco normativo, pues recordaron que ya hay dos casos resueltos favorablemente.

Recordaron que la pugna por este derecho es una respuesta a los procesos de criminalización y muerte derivados de prácticas clandestinas de interrupciones del embarazo, y busca coadyuvar a que las mujeres puedan decidir de manera individual el número de hijos que desean tener y su temporalidad, atendiendo un derecho de planificación familiar, de agencia material de sus cuerpos y su capacidad reproductiva.

Esta acción legal se suma a una estrategia amplia para conseguir el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres en el estado, la cual consta de la iniciativa de modificación constitucional presentada el pasado 26 de marzo, una campaña de difusión de la problemática y otras actividades que están por anunciarse.

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